POR LUIS H. VARGAS
(1 de 2)
La política monetaria de la administración gubernamental de Fernández consiste básicamente en el control de las tasas de inflación y cambio, a través de la contracción brutal de la emisión monetaria (efectivo más depósitos a la vista de la banca comercial en la banca central).

El objetivo primordial de esta modalidad de gestión de la moneda nacional es asegurar la paga de la deuda externa y la continuidad de la valorización especulativa de cuantiosos capitales en la esfera financiera, anteriormente acumulados en la esfera productiva, mediante la reemisión voluminosa y acelerada de certificados de inversión a un excesivo coste de pago en intereses.

Desde el 16 de agosto al 31 de octubre del corriente año 2004, las autoridades monetarias del Banco Central han encaramado el monto de los valores en circulación de 89 mil 793 millones de pesos a 108 mil 531 millones o, lo que es igual, en 18 mil 738 millones (20,9%); equivalente a la cifra nunca observada en el país de casi 250 millones por día.

Aunque la gobernación del instituto emisor anuncia como un éxito la estrategia de colocación de valores circulantes, con tendencia a la baja de los tipos de interés y a la suba de los plazos de redención, la verdad pura y simple es que el gobierno central enfrenta una cesación técnica de paga de obligaciones financieras (default), en razón de que ni redime los papeles estatales ni reembolsa los rendimientos, sino que releva los primeros y capitaliza los segundos por medio de la edición de nuevos títulos impagables de acuerdo a su valor facial.

A fines de octubre pasado, el costo financiero de la emisión y reemisión de moneda secundaria, en vista a sustituir moneda primaria, volaba por la nubes cercanas a 4 mil millones de pesos, es decir más de 500 millones que la carga de la administración del gobierno anterior mejiísta y mil 900 millones que la suma estipulada como déficit cuasi-fiscal por los tecnócratas del Fondo Monetario Internacional -FMI-.

ORIGEN DE LA BURBUJA FINANCIERA

La ejecución del paquete de políticas neoliberales, según el «Consenso de Washington», el recetario del FMI y la asistencia técnica del PNUD, empezó en el tercer cuatrimestre de 1990, durante la dictadura gubernamental de Balaguer, después del fraude cometido por la fuerza oficialista en las elecciones presidenciales y la derrota de las luchas populares y laborales que demandaban una justa superación de la crisis económica sufrida por toda la sociedad.

A partir de esa fecha, las administraciones sucesivas de Balaguer (1990-1996), Fernández (1996-2000) y Mejía (2000-2004) no guardaron empacho alguno en llevar a cabo intervenciones estatales y acciones gubernamentales de liberalización y desregulación de los mercados, redistribución regresiva del ingreso disponible y presupuesto nacional y, además, profundización del endeudamiento exterior e interior y del negocio de la especulación financiera, cuyo resultado final no es otro que la actual crisis de la economía y las finanzas y la pauperización creciente de las clases asalariada, cuentapropista y media, en un ambiente de deslegitimación pronunciada del Estado nacional.

La política de bajada de la remuneración real y subida de las importaciones de mercaderías motivó a los empresarios industriales y agrarios a orientar sus inversiones de capitales desde los sectores productivos hacia el comercio importador y/o negocio financiero.

La política de bajas tasas de canje de pesos por dólar o euro y altas tasas de rendimientos de los depósitos a plazo y los valores públicos atrajo innumerables capitales foráneos al país en procura de reemplazar mercancías criollas por extranjeras, privatizar salvajamente empresas del Estado y promover la repatriación en dólares o la valorización en pesos de los intereses y beneficios producidos en actividades productivas locales.

El déficit resultante de estas operaciones en las cuentas externas se cubrió, en una primera etapa, con endeudamiento exterior del Estado dominicano, cuyos ingresos en dólares sirvieron para tapar el hoyo de las cuentas fiscales en pesos del gobierno central. Posteriormente, en la medida que la tasa de incremento de los débitos ascendía y la tasa de crecimiento del producto bruto interior -PBI- descendía, las autoridades del gobierno recurrieron al sobreendeudamiento, en calidad de criticable fórmula salvadora para saldar pasivos atrasados y requerimientos de divisas de las empresas transnacionales -ETN-, hasta arribar a la incapacidad propia de repago de los adeudos y de reliquidación de los egresos de renta de inversión (default).

No se trataba, en modo alguno, de una crisis bancaria que hacía estallar una crisis de las variables macroeconómicas, según la interpretación vulgar de incontables economistas y analistas nativos y foráneos, sino de una crisis de los procesos productivos domésticos que rebotaba en varios bancos criollos, a causa del decaimiento de la tasa de rentabilidad por sobreacumulación de capitales en empresas de producción y, en efecto, la imposibilidad de soportar un escalonamiento del coeficiente de redituabilidad en bancas comerciales, en base al apalancamiento empinado de empresas vinculadas, en clara violación de las leyes civiles y monetarias.

El declive real del producto y el beneficio en la esfera de la producción mercantil descarta cualquier posibilidad de incrementar realmente los réditos y patrimonios en la esfera de la financiación especulativa, a menos que no se eche mano de manera temporal al trasvase de rentas de la primera a la segunda vía contratos de préstamos y programas de salvataje.   En estas circunstancias de ahogamiento de las actividades económicas y bancarias, el gobierno central, específicamente el gobierno del PRD y Mejía, decidió tanto socorrer los depositantes de tres bancos múltiples en punto de cierre o quiebra mediante un súper financiamiento interno, como firmar un acuerdo Stand-by con el FMI con el propósito de salir supuestamente a flote en el mar turbulento de la crisis.

En el primer caso, la generación de una plétora de fondos líquidos reimpulsó el proceso de valorizacición de capitales dinerarios y, más aún, convirtió al Banco Central en principal institución financiera de rentabilización de activos monetarios, gracias al galope de la venta de títulos estatales en circulación, cotizados a elevadísimos rendimientos; mientras que en el segundo caso, la contratación de una afluencia de capitales frescos soportó parcialmente el programa de cancelación de pasivos con entidades financieras internacionales y firmas multinacionales localizadas en el país y, todavía más, propagó la creencia de la ficticia recuperación de la confianza en las distintas capas empresarias y dependencias gubernamentales.

En realidad, las exigencias del FMI al gobierno central de podar la demanda interna de consumación e inversión y tabular un excedente en la cuenta corriente de balanza de pagos, con el objetivo de cumplir con el pacto de recancelación de los débitos retrasados y a vencimiento, acentuaban la fase recesiva del ciclo nacional de los negocios, a la vez que cercenaban la cuota de valor agregado necesaria para reemprender la recuperación de la actividad económica y, en consecuencia, honorar los compromisos de servicio de adeudos internos y externos.

Así, los fondos de inversión ociosos en el circuito productivo de mercancías corrieron a cobijarse en el circuito financiero de las especulaciones extranjeras, mediante la fuga de capitales, y las especulaciones domésticas, por medio de la compra de valores emitidos por el Banco Central. En otras palabras, tanto el gobierno del PRD como el FMI arrearon a los capitales monetarios desde la nula ocupación rediticia en actividades productivas a la febril ocupación redituable en actividades especulativas, en base a la combinación de los mecanismos de transferencia de renta de recorte de la demanda interior agregada y el repunte de emisiones inorgánicas de certificaciones de inversión.

Entre las operaciones más destacadas de logro de estos propósitos sobresalen las siguientes: el traspaso de ingreso del fondo de consumo básico de los trabajadores al fondo de inversión financiera de determinados empresarios vía la fijación de tasas salariales inferiores a las tasas de inflación y productividad; el traslado de recursos del sector público al privado a través de la estipulación de discriminatorias tasas tributarias y previlegiadas partidas de gastos en subsidios, servicios en intereses y desembolsos en construcciones de edificaciones y, también, el tránsito de capitales del área productiva a la financiera por medio de fichaje de tipos de interés superiores a los cocientes de beneficio corporativo.

En principio, a los tenedores de títulos de inversión, en concreto empresarios y banqueros, les favorece el cobro de elevadas tasas de interés pasivas, en comparación respectivamente a las tasas de ganancia percibidas por las empresas de producción y las tasas activas de rendimiento establecidas por las bancas múltiples, pero a final de cuentas ambos tipos de tenedores salen perdiendo a causa de la descapitalización de los activos por default estatal, puesto que el Banco Central no puede pagar porque no cuenta con suficientes fondos propios y el gobierno central no puede repagar porque dispone de insuficientes recaudos.

El cierre de la brecha de la contabilidad exterior produce un superavit en cuenta corriente que degenera en recesión económica y consecuente incapacidad de paga del servicio de deuda, en tanto que el desplome del gasto gubernamental, en vista a acopiar un superavit primario para la liquidación de los intereses de deuda desemboca en retracción productiva, es decir en sendos casos en cierre de empresas productivas y quiebra de bancas comerciales.