BUENOS AIRES. La expresidenta argentina Cristina Fernández guardaba silencio el jueves, un día después de que estallara un nuevo escándalo de supuesta corrupción que la salpica y es comparado con el caso Lava Jato que sacudió a varios países de Latinoamérica.

La exmandataria (2007-2015) y actual senadora opositora fue llamada a declarar el 13 de agosto por el juez federal Claudio Bonadío en una investigación sobre el presunto pago de sobornos millonarios por parte de grandes empresarios al ministerio a cargo de las obras públicas.

Fernández suele manifestarse en las redes sociales para dar sus opiniones sobre política o las causas judiciales que la tienen como protagonista. Sin embargo, hasta ahora no se ha pronunciado con relación a este nuevo caso que sacudió el escenario político y empresarial.

Tampoco quiso hablar con los periodistas a la salida de su apartamento de Buenos Aires hacia el Senado, donde la víspera asistió a un debate sobre el proyecto de legalización del aborto.

Al menos una docena de exfuncionarios del Ministerio de Planificación y de la jefatura de Gabinete y miembros de constructoras y empresas energéticas fueron detenidos en las últimas horas bajo la sospecha de integrar una asociación ilícita, delito por el que también será indagada la senadora en su comparecencia ante el juez.

La causa se basa en una investigación del diario argentino La Nación sobre ocho cuadernos que supuestamente pertenecen al chofer de uno de los exfuncionarios detenidos, en los que ese empleado registró de forma minuciosa entre 2005 y 2015 los días y horarios en los que varios empresarios pagaron millones de dólares y los destinos de esas sumas.

Entre los destinos mencionados está la residencia presidencial y un domicilio particular en Buenos Aires de Fernández y su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), quien también aparece salpicado en la supuesta trama delictiva.

No es la primera vez que Fernández es llamada a indagatoria, ya que es investigada por otros casos de supuesta corrupción de los que se declara inocente. La senadora goza de fueros parlamentarios y tendría que ser despojada de los mismos por el Congreso para ser detenida.

Fernández sostiene que Bonadío es un juez parcial que responde a los intereses del gobierno del presidente Mauricio Macri. El magistrado pidió en 2017 el desafuero de la senadora para arrestarla por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra un centro judío de Buenos Aires en 1994, sin que hasta ahora el pedido haya sido tratado por los legisladores.