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Cristina Fernández escuchó el fallo en su despacho en el Senado
Un tribunal argentino condenó el martes a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión por defraudación al Estado durante su dos mandatos como presidenta. La condena también incluye la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
La corte integrada por tres jueces dio por probada la administración fraudulenta pero desestimó la acusación de la Fiscalía de que la dirigente peronista, de 69 años, había liderado una asociación ilícita y por los cuales había pedido una condena total de 12 años de prisión.
Cristina Fernández escuchó el fallo en su despacho en el Senado, cámara que preside por ser vicepresidenta. Mientras, decenas de simpatizantes de fuerzas izquierdistas se congregaron en torno de la sede de los tribunales federales para dar su apoyo a la exmandataria cuando el veredicto fue leído.
El edificio se encuentra rodeado de vallas y fuertemente custodiado por policías. Fernández de Kirchner fue hallada culpable de adjudicar de forma irregular durante sus dos mandatos (2007-2015) 51 obras viales con fondos nacionales a Lázaro Báez, un empresario allegado, lo que supuso una defraudación al Estado por cerca de 1.000 millones de dólares.
El fallo puede ser apelado y quedará firme cuando así lo resuelva la Corte Suprema de Justicia, un proceso que podría demorarse años. Hasta entonces, la vicepresidenta podrá postularse para cualquier cargo de elección popular, desde una banca en el Congreso hasta la presidencia- según lo establece la ley.
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Este es el primer juicio a Fernández de Kirchner y el primer pedido de condena al que se enfrenta. Otras investigaciones judiciales han sido cerradas y varias por distintos delitos siguen abiertas. Se espera que la condena tenga un fuerte impacto ya que es la primera vez que un vicepresidente argentino es condenado estando en funciones y porque Cristina Fernández de Kirchner es la figura política más relevante de los últimos 20 años.
El Tribunal Federal dio a conocer su veredicto alrededor de las 2030 GMT durante la última audiencia del juicio y en medio de una enorme expectación. El tribunal también dictó penas de seis años de prisión para otros acusados, como Báez y el exsecretario de Obras Públicas, José López. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola sostuvieron durante el juicio que la empresa de Báez fue una estructura creada para extraer fondos del Estado mediante la asignación irregular de obras públicas y que cuando concluyó el mandato de Fernández de Kirchner desapareció.
También afirmaron que varios proyectos viales registraron sobrecostos y muchos nunca se terminaron. Señalaron que este esquema corrupción, “el mayor que se haya conocido en el país”, también estuvo vigente durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), marido y antecesor de la vicepresidenta y quien falleció tres años después de dejar el poder.
Fernández de Kirchner negó las imputaciones y acusó al tribunal de tener la condena escrita desde el inicio del juicio y de actuar como un “pelotón de fusilamiento”.
