Buenos Aires. La expresidenta de Argentina y actual senadora Cristina Fernández aseveró hoy, en un escrito presentado ante el juez, que “nunca van a encontrar nada” con lo que involucrarla en delitos de corrupción, porque “jamás” se apoderó de “dinero ilícito alguno».

“Podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la patagonia argentina o donde mejor se les ocurra, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme, porque jamás me apoderé de dinero ilícito alguno”, remarcó la exmandataria.

Fernández, procesada ya en seis casos -la mayoría por presunta corrupción llegó hoy a los tribunales de Buenos Aires convocada a declarar por presuntos delitos de lavado de dinero en la causa conocida como la “Ruta del Dinero K (Kirchner)”, después de que el juez encargado del expediente fuera obligado por una Cámara superior a citarla, a pesar de haberse resistido a hacerlo durante dos años.

“Ante esta grave irregularidad -una más en la larga persecución a la que vengo siendo sometida desde hace dos años y ocho meses- (…) he dejado constancia de ello interponiendo un recurso de casación en contra de la resolución inválida dictada por la Cámara y recusé a los jueces que la firmaron, por carecer de toda imparcialidad frente al caso”, subrayó la senadora.

A su juicio, lo que resulta “aún más grave” es que se le cita “sin que exista ningún estado de sospecha sobre la comisión de algún delito” que le pueda ser atribuido.   Con una veintena de personas imputadas, Casanello investiga delitos de lavado de activos cometidos supuestamente entre 2010 y 2013 mediante una red que supuestamente montó una estructura de sociedades y cuentas bancarias en el exterior para el blanqueo de al menos 60 millones de dólares.

“No sólo desconozco por completo esta supuesta maniobra, sino que no existe ningún elemento de prueba que me vincule a la misma”, señaló Fernández en su extenso escrito.   En la “Ruta del Dinero K” destaca la figura del empresario Lázaro Báez -estrecho colaborador de Kirchner y en prisión preventiva desde 2016-, acusado de blanquear millonarias sumas de dinero provenientes de obra pública en la provincia sureña de Santa Cruz, que fue adjudicada a sus empresas de construcción.

El empresario, dueño del grupo Austral, es acusado de haber brindado el “entramado societario” para captar fondos públicos y “vehiculizarlos” parcialmente a las manos “de quienes entonces eran funcionarios públicos”, en referencia a la exmandataria y otros altos cargos.