Hoy 
LEONORA RAMÍREZ S.
l.ramírez@hoy.com.do
La concentración de poder de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la convierte en una instancia con potencial condicionante en el ejercicio del juez, lo que provoca un desequilibrio que afecta la independencia del sistema.
Esa conclusión aparece en el Informe sobre Desarrollo Humano, República Dominicana 2008, realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En ese estudio se expresa, igualmente, que la composición política del Consejo Nacional de la Magistratura amenaza la autonomía del sistema de justicia.
Con relación a la SCJ en el documento se argumenta que ésta representa la máxima autoridad jurisdiccional del Poder Judicial, y cuenta facultades disciplinarias.
Sus atribuciones también incluyen la administración del régimen de escalafones, ascensos, traslados y remociones.
Se destaca también que administra el presupuesto del Poder Judicial y la política salarial, entre otras funciones que corresponderían a un Consejo General del Poder Judicial o un Consejo Judicial.
Otras mediciones
En el informe aparecen otras valoraciones sobre la administración de justicia, y se plantea que hay una inadecuada distribución de los funcionarios judiciales desde el punto de vista territorial.
En tal sentido, cita el hecho de que las provincias de Santo Domingo, La Romana, Valverde y Espaillat tienen un 25% menos (de jueces) que el promedio nacional que es 0.76% por cada 10,000 habitantes.
Y en contraposición, Pedernales, Montecristi, Independencia y Barahona tienen más de dos jueces por cada 10,000 habitantes.
La distribución territorial no corresponde a criterios de eficiencia, lo que repercute en una desproporción de la carga de trabajo entre los jueces, dice el informe.
En otra de sus conclusiones se plantea que, cerca del 13% del presupuesto anual del Poder Judicial, se invierte en procesar expedientes de juzgados de paz que conocen menos de 20 casos al año.
