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La iniciativa legal del primer empleo estaría disminuyendo derechos de los trabajadores, afectando los contratos de trabajo ya establecidos, creando una situación de desprotección al trabajo y comprometiendo a la República Dominicana en escenarios internacionales ante los cuales pudiera ser sometido por violentar derechos reconocidos y los principios del trabajo decente.
La advertencia la hizo ayer Anina M. Del Castillo, quien en estos momentos se desempeña como subsecretaria de Estado de Industria y Comercio.
Recientemente fue aprobada por la Cámara de Diputados el proyecto de ley del primer empleo, el cual establece que las personas jurídicas y físicas que contraten ese tipo de personal obtendrán incentivos y beneficios, como exención del pago del auxilio de cesantía y preaviso a la terminación del contrato de trabajo y del pago del 1% previsto en el literal a), del artículo 24, de la Ley número 116, del 16 de enero de 1980, que crea el Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).
Esa iniciativa de la diputada peledeísta Karen Ricardo ha encontrado el rechazo de centrales sindicales y del vicepresidente Rafael Alburquerque.
Crecimiento económico. De acuerdo a Del Castillo el país debe seguir apostando al crecimiento económico para que puedan generarse más puestos de trabajo que absorban a los jóvenes y se incorporen al mercado de trabajo.
Sostiene que en lugar de eliminar el pago a INFOTEP, como plantea la iniciativa que se conoce en el Congreso, debe haber una pieza legislativa que apoye a los jóvenes en la educación y la formación.
Sostiene que no debe disminuirse la asignación de recursos a esa instancia educativa.
Las claves
1. Suficiente motivación
La funcionaria gubernamental admite que la iniciativa de ley de primer empleo tiene una motivación importante, en tanto que la juventud es un grupo poblacional con fuertes limitaciones para insertarse en el mercado de trabajo, debido a que, entre otras razones, carece de experiencia y a que no tiene una formación profesional o técnica completa.
2. Trabajo decente
Empero, observa que cualquier política de empleo para jóvenes debe partir de una visión de creación de trabajo decente; es decir, el que permite al trabajador desarrollar sus potencialidades, tener una retribución económica adecuada, digna y justa, la protección social necesaria y los mecanismos para mejorar en su calificación profesional y espacios de diálogo donde pueda manifestarse.
