POR GERMAN MARTE
El Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM) advirtió ayer que el aumento de las tarifas de expedición de las actas legalizadas repercutirá negativamente sobre el número de niños y niñas registrados, agravando el problema de los indocumentados en el país.

Explicó que cuando los padres están indocumentados hay altas probabilidades que sus hijos e hijas los sean también, y estos cuando procreen estarán en la misma situación, de modo tal que el ciclo se repite una y otra vez. Y esto se constituye en una forma de exclusión en la sociedad dominicana. 

El SJRM calificó de ilegal y abusivo el aumento de RD$25 a RD$200 el cobro por la legalización de un acta de nacimiento. La medida fue dispuesta por la JCE y entró en vigencia a partir del pasado miércoles 15 de marzo. Además de las actas de nacimiento, subieron de precio las actas de divorcio, matrimonio y otros documentos que expide el tribunal de comicios.

«Para nadie es un secreto que en el país existe un alto índice de niñas y niños que no son registrados. Esto tiene nefastas consecuencias para el goce y disfrute de los derechos de los infantes, puesto que los registros de nacimiento constituyen un derecho básico para el cumplimiento y el monitoreo del respeto del resto de los derechos», expresa un documento de la institución jesuita firmada por los sacerdotes José Núñez, Regino Martínez y Mario Serrano.

La inscripción en el registro civil, según los religiosos,  es un asunto de derechos humanos que va más allá de lo puramente administrativo, la cobertura de aquel está determinada en un nivel importante por el cumplimiento de los derechos consagrados por la Convención sobre los Derechos del Niño. Precisaron que el derecho de un niño a un nombre y a una identidad, así como la preservación de su identidad, está establecido en los artículos 7 y 8 de la Convención.

Sin registro de nacimiento se impide el cumplimiento de todos los derechos, señalan, y agregan que cuando no hay ejercicio y exigibilidad de los derechos no existe posibilidad de desarrollo de la ciudadanía, y «cuando esto sucede podemos decir  adiós  a la democracia».

Además, subrayaron, el registro de nacimiento se constituye en  la base que permite adoptar medidas contra el tráfico de menores, las adopciones ilegales, la explotación sexual comercial, la venta de órganos, entre otros. «El aumento de los costos de expedición de actas de nacimiento en las oficialías, lo podemos calificar como un ataque alevoso en contra de la población en general, la institucionalidad democrática y a los niños y las niñas en particular», expresan los sacerdotes.

Consideraron necesario que la JCE retome la legalidad y la institucionalidad y derogue los cobros ilegales por expedición de documentos.