POR FERNANDO QUIROZ Y GERMAN MARTE
Personas de diferentes sectores sociales, incluidos el senador y un diputado por el Distrito Nacional, protestaron por los cercos y redadas que hace la Policía con el supuesto interés de detener delincuentes en los barrios pobres, porque incumplen ese objetivo además de que violan el Código Procesal Penal y los derechos humanos.

El senador José Tomás Pérez, del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) del Distrito Nacional, pidió que se suspendan los cercos policiales a los barrios y las redadas, y que en cambio las autoridades utilicen otras técnicas de investigación que conduzca a la Policía a detectar a los verdaderos delincuentes.

Asimismo, el diputado Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) del Distrito Nacional, expresó que en los barrios son fácilmente identificables los delincuentes y a las autoridades les bastaría infiltrar agentes de inteligencia o recabar las informaciones de los líderes barriales para localizarlos.

Mientras que el ex fiscal de Santo Domingo, Eddy Olivares, y el presidente del Comité Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Virgilio Almánzar, afirmaron que esas medidas se violan el Código Procesal Penal y los derechos humanos.

A su vez, Luis Javier, del Consejo de Unidad Popular (CUP), y José Cuello, del Instituto para el Desarrollo de la Comunidad de Capotillo, descartaron que con operativos de un día la Policía pueda resolver el problema de la delincuencia y abogaron por una acción permanente, sobre todo para mejorar la educación y que se ofrezcan oportunidades a los jóvenes para que no caigan en vicios.

QUIEREN EDUCACIÓN

Los dos líderes comunitarios de Capotillo dijeron que los operativos contra la delincuencia deben hacerse de manera selectiva para evitar detener a gente inocente, ya que cerca del 80% de los detenidos el viernes son personas serias, incluso menores de edad.

Denunciaron que todavía ayer muchos de los detenidos no habían sido puestos en libertad.

Asimismo, Javier, quien además pertenece al Instituto Dominicano para el Desarrollo Integral (IDDI), sostuvo que tras el operativo del viernes las autoridades no han hecho nada más, mientras el barrio ha vuelto a la «normalidad», con los tígueres paseándose por donde quieren».

Cuello, a su vez, descartó que la violencia en los barrios se combata sólo con represión, y estimó que se necesita educación y capacitación que les ofrezcan oportunidades a los jóvenes cuyas únicas alternativas hasta ahora son vender drogas o convertirse en delincuentes.

El pasado viernes la Policía informó que apresó a más de 300 personas en Capotillo, ocupó armas y drogas. La Policía dijo que en la redada fueron apresadas algunas personas que eran requeridas por la justicia cuyos nombres no se ofrecieron.

Javier dijo que las aulas que existen en Capotillo son insuficientes para el número de estudiantes, lo que obliga a una parte de ellos a desplazarse a otros sectores o abandonar los estudios.

Sólo por la fama que tiene el sector, dijo, empuja a muchos de ellos a la mala vida.

Dijo que también para hacer más eficiente el combate contra la delincuencia en Capotillo es imprescindible descontaminar las filas de la Policía, pues «aquí hay un contubernio entre las autoridades y el narcotráfico».

«No podrás combatir una cosa de la que eres parte», sostuvo Javier.

Cuello descartó la eficiencia de los «operativos, pues cuando la policía viene a llegar al barrio, el delincuente que está más cerca ya está en Boca Chica».

La comunidad, dijo, prefiere los operativos a que no se haga nada, pero desearían que se hagan en las madrugadas, «para que no se le informe (a los delincuentes), pues todo el mundo sabe que en la Policía hay demasiadas naranjas podridas».

Indicó que en Capotillo hay una escuela laboral que fue dejada a punto de terminar por la primera gestión de Leonel Fernández, pero que fue abandonada durante el gobierno de Hipólito Mejía y aún está por concluirse.

Cuello indicó que los equipos para esa escuela fueron donados por el gobierno de Japón.

LA LEY

En tanto, el abogado Vinicio Castillo Semán, dijo que no se violaría el nuevo Código si las autoridades hicieran una investigación previa porque contarían con las 48 para hacer los sometimientos como establece la Constitución.

«creo que esos operativos, así masivos, no deben continuar porque ahí se agarran mansos y cimarrones», dijo el senador Pérez, porque la Policía detiene hasta a 500 personas, pero muchas de ellas no tienen vínculos con delitos ni delincuentes, lo que significa una violación de los derechos de esas personas.

Asimismo el diputado Castillo Semán dijo que al margen de las consideraciones jurídicas la información que tiene es que en Capotillo hay una gran concentración de narcotraficantes y movimiento de armas.

Dijo que las redadas podrían considerarse como «una señal de que no se va a tolerar que se altere el orden público.»

DERECHOS HUMANOS

Almánzar dijo, en cambio, que la situación en el barrio es difícil por los altos niveles de delincuencia e inseguridad y que son crecientes. Pese a los esfuerzos, dijo, de la Policía hay un incremento inusual de robos, atracos y muertes, incluyendo de militares y agentes policiales.

Dijo que la gente de los barrios quiere una respuesta, pero que se debe responder con una labor de inteligencia y responder a la orden de un juez.

«Debe ser una labor selectiva, no masiva. La desgracia es que están todos sueltos ya. Además, se perdieron demasiadas cosas, pues en cada casa registrada se llevaron objetos personales, como prendas preciosas. Hay cosas muy graves ahí», dijo Almánzar.

CHOQUE GROSERO

Olivares, ex fiscal de Santo Domingo, consideró que en esas redadas la Policía choca de manera «grosera» con el Código Procesal Penal.

Independientemente de que los agentes fueron acompañados de fiscales, señaló Olivares, carecían de la autorización de un juez.

La Policía, explicó Olivares, debía tener la orden del juez para cada uno de los hogares que iba a ser allanado, en la que debían constar también las razones de la requisa y las personas perseguidas.

«Esto no se ha producido, evidentemente que estamos se ante una violación de los derechos de estos ciudadanos», precisó.