San Juan.- La composición anunciada hoy por la Casa Blanca de la junta de control fiscal impuesta por Washington para supervisar la labor del Gobierno de Puerto Rico suscitó numerosas críticas entre parte de la clase política de la isla.

“Estas siete personas se constituyen desde hoy como el escuadrón de verdugos de la Patria”, dijo este miércoles la alcaldesa de San Juan (del partido gobernante), Carmen Yulín Cruz, en un comunicado.

Añadió que “ya no queda duda de que esta junta colonial viene a saquear lo poco que nos queda para pagar la deuda por encima de los mejores intereses del país». “Tanto es así que las primeras reacciones de grupos de inversionistas han sido de gran satisfacción.

Hablan sin pudor de que los acreedores se beneficiarán con estos nombramientos”, dijo Cruz, quien apuntó que la junta “no viene a reestructurar la deuda para beneficio de nuestra gente”, sino “de los bonistas».

De igual forma, afirmó que “a los siete verdugos de nuestra patria les digo desde hoy que la historia les pasará factura por ser instrumentos de agresión contra nuestra gente».

La junta estará compuesta por cuatro miembros de origen puertorriqueño y el octavo integrante es el gobernador de la isla, Alejandro García Padilla, quien tiene voz pero no voto en la junta, creada en virtud de la ley Promesa para caminar hacia la reestructuración de la deuda de más de 70.000 millones dólares que Puerto Rico se ha visto obligado a dejar de pagar.

Los de origen puertorriqueño son Carlos García, expresidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de Puerto Rico; José Carrión, ejecutivo de seguros; José Ramón González, presidente del Federal Home Loan Bank de Nueva York, y Ana Matosantos, exdirectora de presupuestos del estado de California.

El grupo lo completan Arthur González, exmagistrado principal del Tribunal de Quiebras para el distrito sur de Nueva York; David Skeel, profesor de derecho de la Universidad de Pensilvania, y Andrew Biggs, del American Enterprise Institute.

El representante Luis Vega Ramos, también del partido gobernante, criticó particularmente el nombramiento de Carlos García, presidente del BGF bajo la anterior Administración y, en su opinión, “uno de los principales arquitectos de la crisis fiscal que nos agobia».

“En lugar de un lugar en la Junta, deben ponerlo en el banquillo de los testigos para que explique. Su designación demuestra la agenda profondos buitres del Gobierno federal”, defendió en un comunicado.

En cuanto a Andrew Biggs, dijo que es una persona vinculada al American Enterprise Institute, “una entidad ultraconservadora, aliada a Dick Chenney y los hermanos Koch y enemiga de las necesidades de Puerto Rico».

Desde el minoritario Partido Independentista de Puerto Rico, la candidata a la gobernación María de Lourdes Santiago, dijo que el nombramiento de varias personas de origen puertorriqueño “es sólo un intento del Gobierno de EE.UU. de suavizar el golpe, de crear la impresión de que la junta, de alguna torcida manera, nos representa».

Sin embargo, añadió, “nadie puede a estas alturas llamarse a engaños- Esas personas van a responder, igual que sus compañeros estadounidenses, a los intereses de los que cabildearon para que la junta actuara como su agencia de cobro».

Con la designación de los miembros de la junta, a su juicio, “se consuma la imposición de la dictadura, porque así lo permite el régimen colonial que nos ha traído hasta la quiebra». En cambio, desde el principal partido de la oposición, defensor de la anexión de Puerto Rico a EE.UU. como un estado más, su líder, Pedro Pierluisi, agradeció a los recién nombrados “su buena disposición para servir».

Añadió que si se empieza a trabaja dentro de los parámetros de la ley federal conocida como Promesa “podemos empezar a reencaminar a nuestra isla, mejorar la calidad de vida de nuestra gente y detener la ola de migración».

La ley Promesa, aprobada por el Congreso de EE.UU. y firmada por Obama el pasado 30 de junio, da un margen de unos meses al Gobierno local para reestructurar su deuda sin que los acreedores puedan demandarlo.

A cambio, establece la imposición de una junta federal de control fiscal que deberá empezar por revisar y certificar el plan fiscal que el gobernador de la isla prevé presentar hacia mediados de septiembre.