POR ALTAGRACIA ORTIZ G.
No existe voluntad política de los que dirigen el gobierno ni autoridad para tomar decisiones en el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), aseguraron ayer dirigentes de varias organizaciones sociales.

Así se expresaron los doctores Pedro Luis Castellanos y Angel Salvador Castillo, quienes también consideraron que la aplicación de la Seguridad Social depende de grupos que son los mismos responsables del descalabro del Instituto de Seguridad Social (IDSS) y de los fondos de pensiones de los trabajadores.

Ambos expertos consideraron innecesaria la modificación de la ley 87-01, porque todavía no se ha aplicado y tampoco entienden el llamado a arbitraje internacional, porque no se estila que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional el Trabajo (OIT) ofrezcan ese tipo de servicio.

Recientemente, el vicepresidente de la República, doctor Rafael Alburquerque, aseguró que el gobierno estudia la posibilidad de buscar un arbitraje internacional para revisar lo que se hará con la ley de Seguridad Social.

Para los galenos en cuestión, contratar un arbitraje internacional implicaría que el gobierno se declara incompetente. Criticaron que monseñor Agripino Nuñez Collado y el Diálogo Nacional se apropiaran del tema, sin consenso y sin solución.

“Los mismos que dilapidaron los fondos de los trabajadores, son los que ahora impiden que se ponga en marcha un sistema de seguridad social, que además está plagado de inequidades”, sostuvo Castellanos.

Esa posición fue apoyada por Castillo, quien es el director ejecutivo de la Coalición ONG/SIDA.

Coincidieron en que para que arranque el régimen contributivo lo que se necesita es que cada quien asuma su responsabilidad y que los que dirigen se atrevan a tomar decisiones.

Ambos médicos aseguraron que el llamado a una cumbre no ha tenido efectividad, porque no hay consenso entre los sectores que forman parte del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS). Criticaron la paralización que tiene el CNSS, donde todo es vetado para evitar que se aplique la ley.

Todo eso, dijeron, se debe a una lucha de intereses donde están ausentes las necesidades que tienen los más pobres y los trabajadores.

Indicaron que hace falta que se aplique la ley a toda la ciudadanía, por lo que se necesita que el CNSS asuma responsabilidades.

“Allí no hay manera de tomar decisiones si no se ponen de acuerdo los trabajadores, los empresarios y el Gobierno”, sostuvo Castellanos, quien habló con la prensa previo a una conferencia dictada ante personas con enfermedades catastróficas y VIH/SIDA.

Reiteraron que el Seguro Familiar de Salud se aplicará, cuando la gente se empodere y lo reclame.

“Es que el sistema de Seguridad Social fue diseñado fuera de una noción de derechos, está basado en la competencia regulada”, sostuvo Castellanos, tras señalar que no se puede pensar en desarrollo sostenido en medio de tantas inequidades.

Tanto para Castellanos como para Castillo, en el sistema se necesita más justicia y solidaridad.

Ninguno de los dos salubristas entiende las palabras del doctor Alburquerque, cuando habló de arbitraje internacional.

A su juicio, el momento es para que se cumplan reivindicaciones y entienden que la ley contempla las fuentes de financiamiento para poner en marcha el sistema de Seguridad Social.

Para algunos técnicos, la actual situación de la seguridad social es política, no necesariamente técnica, pero tampoco ven clara la voluntad del gobierno para aplicar una ley que forma parte de una larga deuda social.

Intereses particulares de grupos minoritarios constituyen el principal obstáculo para la aplicación de la ley 87-01.

Consideraron muy difícil que los mismos sectores  que dilapidaron los fondos de pensiones de los trabajadores, ahora apliquen una ley que beneficie a los más pobres.