SANTO DOMINGO. AP.  Tras haber permanecido en República Dominicana los últimos 12 años, el haitiano Romain Renelus teme que la nueva disposición migratoria que lo obliga a realizar el lento y costoso trámite de residencia lo ponga, como a miles de inmigrantes, en riesgo de perder su trabajo y ser deportado. «Resolver el costo de eso (el trámite) es muy duro para nosotros», dijo Renelus, de 40 años, mientras limpiaba el jardín del condominio de un sector residencial de Santo Domingo, donde gana 235 dólares al mes por su trabajo como portero de 6.00 de la mañana a 6.00 de la tarde.

El nuevo reglamento de migración, cuyos plazos de aplicación entraron en vigencia oficialmente el 1 de junio, exige que todos los extranjeros, incluidos los miles de haitianos ilegales, tengan permiso de residencia y, por primera vez, establece multas de entre 1,500 y 7,900 dólares a los empresarios que contraten a inmigrantes sin permiso migratorio.

La medida plantea un duro desafío  a los cientos de miles de haitianos que durante décadas han emigrado sin documentos a la vecina Dominicana, donde representan la mano de obra mayoritaria, entre albañiles, peones en el campo, porteros y vendedores.

Las nuevas disposiciones buscan organizar el «caos que genera el actual estatus de ilegalidad del mercado laboral, que se nutre de mano de obra extranjera» sin permiso migratorio, explicó el director de Migración, José Ricardo Taveras.

El reglamento también oficializará las disposiciones de la nueva Constitución, de 2010, que a diferencia del pasado no otorga la nacionalidad dominicana a los hijos de los trabajadores migrantes temporales nacidos en el país. La nueva regulación exige que los contratistas se aseguren que sus empleados haitianos regresen a su país al término de su contrato, pese a que la mayoría ha permanecido en territorio dominicano por varios años e incluso décadas.

Renelus, cuyo pasaporte y visa ya vencieron, tenía previsto comenzar esta semana los trámites para renovar sus documentos. Mientras el pasaporte le costará 120 dólares, la renovación de la visa representará 200 dólares adicionales. Los inmigrantes deben pagar varios impuestos, examen médico y viajar a su país para tramitar y apostillar sus actas de nacimiento y certificados de antecedentes no penales.

«Esos son muchos cuartos (dinero)», insistió el hombre que no ha vuelto en 12 años a su natal Arcahaie, en la costa central de Haití, y que para mantener a su esposa y a sus dos hijas, de 17 y 9 años, también trabaja por las noches como velador en otro edificio residencial donde gana 210 dólares al mes.

Renelus también debe tramitar la residencia de sus dos hijas porque la Dirección de Migración advirtió que sancionará a las escuelas que permitan el ingreso de estudiantes extranjeros sin permiso migratorio.

Los grupos empresariales, que deberán tramitar las residencias de sus trabajadores, la embajada haitiana y las organizaciones de derechos humanos han expresado temor y desacuerdo con las nuevas disposiciones. «Va a ser un proceso traumático y no se va a poder cumplir», dijo a AP el sacerdote Mario Serrano, director del Centro Bonó.

Edwin Paraison, ex ministro de los haitianos viviendo en el exterior, dijo  que es «apresurado» el comienzo del proceso, ya que no se estableció ningún acuerdo con el gobierno de Haití para agilizar la emisión de documentos, como pasaportes, actas de nacimiento y certificados de antecedentes no penales.

«Es inconcebible que se haya iniciado la puesta en vigencia de la ley de migración sin una campaña mediática en creole», insistió Paraison, lo que impide que mucho de los inmigrantes haitianos, que sólo hablan esa lengua, se enteren de las nuevas disposiciones migratorias.

Antonio Pol Emil, activista en defensa de los derechos de la comunidad haitiana, consideró que «el proceso es difícil y costoso; eso es un estímulo para continuar la forma irregular de la contratación de haitianos», que incluye el tráfico clandestino de personas arropado bajo la corrupción y complicidad de algunas autoridades fronterizas.

El activista explicó que el programa también deja fuera a aquellos migrantes que como Renelus laboran de forma independiente, sin contrato en una finca o en una construcción, así como a «miles de envejecientes que ya no trabajan, pero que han dado su vida» como peones en los campos agrícolas dominicanos. El embajador haitiano Fritz Cinéas pidió el 31 de mayo, de forma previa a la entrada en vigencia del reglamento y ante temor del comienzo de las deportaciones, que las autoridades dominicanas respeten los derechos humanos de los trabajadores transfronterizos, «que están por encima de cualquier estatus migratorio». Taveras, director de migración, ha reiterado que aunque no postergará la implementación del reglamento como lo solicitaban los empresarios, no se aplicarán multas durante las primeras semanas y tampoco se realizarán redadas para deportar migrantes.

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Los empresarios

Las diferentes asociaciones de empresarios han insistido que el proceso de regularización de trabajadores transfronterizos tendrá un impacto negativo y «un gran costo» en el sector productivo.

El reglamento obliga por primera vez a los empresarios a incluir a sus empleados haitianos en el sistema de seguridad social y cubrir sus cuotas.