Critican obispo rechace anulación actas

Critican obispo rechace anulación actas

POR UBALDO GUZMAN MOLINA
El diputado Pelegrín Castillo y el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita criticaron ayer la postura del obispo Tomás Abreu Herrera, de rechazar la cancelación de las actas de nacimiento de 90 haitianos declarados como dominicanos en la provincia Valverde. Entrevistado por la vía telefónica, Castillo sostuvo que el religioso ni nadie puede oponerse a la decisión de la Junta Central Electoral (JCE), que anuló las actas de nacimiento gestionadas por el sacerdote haitiano Vigny Bellerive.

De su lado, Espaillat Nanita dijo que monseñor Abreu Herrera, obispo de Mao-Montecristi, está en contra de la República Dominicana “y tiene que responder a los dominicanos católicos” por su posición.

Añadió que, además, el obispo Abreu Herrera está en contradicción con lo señalado por el nuncio apostólico Timothy Broglio, quien calificó como “deshonesta e inmoral” la acción contraria a la ley del sacerdote haitiano Bellerive.

A su juicio, los sacerdotes Pedro Ruquoy y Cristopher Hartey deben ser expulsados del país como personas no gratas, ya que están involucrados en prácticas contrarias a los intereses dominicanos.

Sostuvo que todos los haitianos ilegales deben ser sacados del país, incluidos los 90 que fueron declarados como dominicanos por el cura Bellerive.

Sobre la decisión de la JCE de someter a la justicia a Pedro Ruquoy, por declarar a dos niños haitianos como hijos suyos, Espaillat Nanita dijo que respalda esa y cualquier otra medida de esa naturaleza.

De su lado, el diputado Castillo justificó la medida de la JCE con el alegato de que ningún acto fraudulento puede tener efecto jurídico.

“Si se hizo una declaración falsa, esa declaración no puede tener efecto jurídico sobre el estado de la persona. Esas actas tienen que ser anuladas, porque la ley da margen”, agregó.

Propuso que se determine si los 90 haitianos declarados como dominicanos deben adquirir la nacionalidad que les corresponde que es la de su país, en un consulado haitiano.

Agregó que, luego de estudiarse el caso para ver si son personas culturalmente dominicanas, podría realizarse un procedimiento para que se naturalicen, siempre que ellos lo faciliten.

“La nacionalidad no se regala, se merece, y la nacionalidad, de acuerdo con la Constitución nuestra, sólo corresponde a los hijos de extranjeros con residencias legales”, sostuvo el diputado Castillo. Añadió que en el caso de los haitianos ilegales o de cualquier otra nacionalidad, éstos no adquieren la nacionalidad.

A su juicio, el país no puede entregarles la nacionalidad dominicana a personas que culturalmente no se sienten dominicanos.

Consideró que el sacerdote Bellerive no puede escapar a las sanciones de carácter judicial que se merece y advirtió que si se acepta su iniciativa se creará una situación de desorden en la República Dominicana.

El diputado Castillo criticó que un religioso católico se valga de medios contrarios a las leyes para lograr fines altruistas a favor de extranjeros.

Castillo entiende que en el país figuran decenas de miles de haitianos que han sido declarados irregularmente, lo que cree que la JCE también debe investigar.

El legislador sostuvo que la actual Ley de Migración puede dar respuestas a situaciones de esa naturaleza.

Citó la encíclica “Pacem en Terris”, donde el Papa Juan XXIII expone una serie de lineamientos para guiar a los católicos en el mundo.

El diputado y jurista advirtió que desde hace tiempo, la República Dominicana viene siendo víctima del proceso de desintegración que padece Haití.

La meta de una parte de la dirigencia haitiana es tratar de implantar en la República Dominicana una minoría nacional, dijo.

Consideró que entre más acogida se le da al flujo migratorio haitiano, mayor cantidad de inmigrantes de ese país arribarán al territorio dominicano.

Señaló que mientras los haitianos entienden que aquí hay una vía fácil para solucionar sus problemas, no se preocuparán para resolver los suyos.

Indicó que la mejor manera de empezar a poner orden es estableciendo sanciones a los oficiales del Estado Civil, a los declarantes ilegítimos, incluidos los que se valen de documentos falsos.

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