MANAGUA (AFP) – Políticos de la oposición y juristas condenaron este sábado la decisión del gobierno nicaragüense de Daniel Ortega de conceder derechos de libre movilización al ex presidente Arnoldo Alemán, quien a finales de 2003 fue condenado a 20 años de cárcel por delitos de corrupción.

La disposición, anunciada el viernes, convierte a Nicaragua en un “paraíso delincuencial” que permite a reos como Alemán que han defraudado millonarias sumas al Estado, “gozar de mayores privilegios de los que no han delinquido”, criticó el reconocido jurista Sergio García, candidato a Fiscal de la República.

La restricción fue levantada por “el sistema penitenciario que es una dependencia directa del Ejecutivo, eso significa que es una decisión directa del Presidente de la República”, denunció por su lado el presidente de la opositora Alianza Liberal Nicaragüense (ALN, derecha), Eduardo Montealegre.

Alemán (1997-02) fue sentenciado en diciembre de 2003 a 20 años de cárcel por lavado de dinero y cinco delitos conexos de corrupción en perjuicio de la administración pública, de los cuales sólo estuvo preso unos dos meses, debido a que la justicia lo favoreció de inmediato con prisión domiciliaria.

Posteriormente, en septiembre de 2005, una jueza le concedió libertad condicional dentro del perímetro del departamento de Managua, al amparo de un régimen de convivencia familiar, que se aplica a reos “valetudinarios” (enfermizos) que no pueden estar en prisión.

Alemán obtuvo las primeras concesiones a cambio del apoyo que su Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha) dio a las iniciativas legislativas que promovía en ese entonces desde la oposición el Frente Sandinista (FSLN, izquierda) que controla desde hace muchos años el Poder Judicial.

El viernes el Sistema Penitenciario Nacional (SPN), que actúa bajo lasubordinación del gobierno, resolvió ampliar la libertar condicional de Alemán en todo el país, valiéndose de una ley que le faculta cambiar las condiciones del reo.

“Es un atropello más de los tantos que se han cometido en este país. El Poder Judicial ha dado muestras de ser uno de los más corruptos en la humanidad”, sentenció García, quien consideró que la salida de Alemán es una burla a la lucha anticorrupcion que el país inició hace cinco años.

Otros, sin embargo, no dudan en atribuir la disposición a un nuevo pacto entre Alemán y Ortega, quien asumió la presidencia el pasado 10 de enero desde donde comenzó a allanar el camino para eliminar la disposición constitucional que prohíbe la reelección sucesiva.

“Esa decisión (de liberar a Alemán) solamente la puede tomar Daniel Ortega y hay que leerla en el contexto de las reformas constitucionales y los intereses del dirigente sandinista de reelegirse en el poder”, advirtió el presidente de disidente Movimiento de Renovación Sandinista (MRS, izquierda), Enrique Sáenz.

El político dijo que Ortega sólo podrá llevar adelante sus planes con el apoyo de la bancada legislativa del PLC, debido a que el FSLN no cuenta con la mayoría requerida para aprobar una enmienda constitucional, y los otros partidos parlamentarios no están dispuestos a conceder su voto.

La libre movilidad que ahora tendrá Alemán es “una concesión que le hace Ortega para crear una situación favorable” a su reelección, coincidió por su parte el general retirado del Ejército y crítico sandinista, Hugo Torres.

Los partidos de Alemán y Ortega llevan siete años pactando alianzas parlamentarias para aprobar leyes de su interés y designar a funcionarios de su confianza en los puestos que son nombrados por el Legislativo.

Por eso Torres no descarta que el nuevo pacto abarque el compromiso del PLC y del FSLN de sumar votos para designar próximamente en dos puestos vacantes en el Poder Judicial y dos en la Fiscalía a personas que respondan a sus intereses políticos.