La empresa Caribbean Liquid Sugar RJH afirmó que el proyecto de Ley de Aduanas aprobado por el Senado y Cámara de Diputados, preparado por técnicos de alto nivel profesional, ha sido distorsionado en su esencia por el interés de grupos económicos, incorporando dos artículos que directamente violan la Constitución.

Resaltó que esta ley es de alto interés nacional porque representa la modernización del marco jurídico actual que regiría la administración aduanera del país, para adecuarla al Siglo XXI. Sin embargo, esos artículos son el 409 y 410, introducidos subrepticiamente en el documento, cuyo propósito exclusivamente pretende detener la importación para venta local de productos derivados del azúcar de caña y limitar la capacidad de los centros logísticos para operar con determinados productos en sus instalaciones.

En un espacio pagado explican que esa discriminación a importaciones de derivados de azúcar de caña resultaría violatoria a disposiciones suscritas por el país en el Acuerdo DR-Cafta, firmado con Estados Unidos y los países centroamericanos, donde quedó establecido el arancel que debe ser aplicado, luego del proceso de desgravación, según el documento de ratificación del Congreso Nacional en 2007.

Del mismo modo, ese documento resultaría violatorio del Acuerdo de Asociación Económica (EPA), firmado por los países de Cariforum con la Unión Europea en 2008, del que República Dominicana también es compromisaria. Además la aprobación de esta prohibición comercial violaría de manera flagrante los compromisos internacionales firmados en 1995 al ingresar en la Organización Mundial del Comercio (OMC).