Critican proyectos mineros en zonas protegidas

Critican proyectos mineros en zonas protegidas

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Academia de Ciencias  advirtieron que el gobierno ha otorgado  en concesiones mineras  15 millones de tareas   en 22 zonas protegidas con vocación turística sin criterios técnicos, sin respetar el ordenamiento previo y en contra de los intereses de la población.

De acuerdo a un informe de ambas entidades y que será discutido la tarde de hoy en la UASD con grupos ambientalistas, se detalla que desde Bahía Luperón, Bahía de Las Águilas, el promontorio de Cabrera, Puerto Plata, Miches, toda la franja costera desde Cabo Caucedo hasta La Romana, el entorno de Bayahíbe y de Boca de Yuma, así como todas las zonas turísticas de Higüey, Baní y Barahona están cubiertas con concesiones mineras.

Señala que esta decisión “absurda, irracional y contradictoria” está amparada en  está en los artículos 56, 67, 68 y 78 de la Ley Minera 146-71 que permite la expropiación de los terrenos  concesionados.  “Se trata, por lo tanto, de garantizar a través de las concesiones la apropiación privada de terrenos públicos y privados de altísimo valor actual o potencial, a precios insignificantes”. Dice que el caso de la cementera de Los Haitises es parte de esa trama.  

Bahía Luperón

El informe  refiere que uno de esos casos es el del municipio de Luperón, el cual cuenta con un ordenamiento territorial que prioriza el uso de suelos como demarcación turística,  pero la secretaría de  Industria y Comercio ha aprobado tres proyectos mineros que cubren prácticamente todo el territorio, incluyendo las zonas costeras e incluso, el Refugio de Vida Silvestre de Bahía de Luperón, una unidad de conservación que forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Se trata de las concesiones Guzmancito,  El Burro II y Castillo con 152 kilómetros cuadrado en total. Las tres son de extracción de roca caliza y producción de cemento.

Zoom

Protesta

La Asociación de Desarrollo Turístico de la  Villa Isabela-Luperón abogó por “reglas claras que definan el destino del turismo en ambas zonas”. Alegan que los inversionistas no tienen garantías para sus negocios y pidieron al secretario de Turismo un  encuentro para discutir el problema de las concesiones mineras.

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