Hoy 
Por JUAN M. RAMIREZ
Unas 18 organizaciones no gubernamentales, nacionales y extranjeras, así como personalidades, repudiaron ayer mediante un documento la propuesta de la Junta Central Electoral (JCE) que solicita la nulidad del acta de nacimiento de Sonia Pierre, a quien consideran una eminente defensora de derechos humanos en el país.
Asimismo consideran dicha solicitud como ilegítima y arbitraria.
El Departamento de Investigación de la JCE anunció ayer por medio de la prensa nacional que ha propuesto solicitar por vía judicial la nulidad del acta de nacimiento de Sonia Pierre, tras considerar que el documento es falso porque sus padres estuvieron en el país de manera ilegal.
Las organizaciones y personas que suscriben el documento consideraron la iniciativa como una clara represalia por el trabajo que Pierre viene realizando en defensa de las comunidades haitiana y dominicana de ascendencia haitiana.
Exigieron del tribunal reafirmar la validez de los documentos de Pierre y sus hijos y cerrar las investigaciones de manera definitiva.
Aseguraron que el documento fue adquirido en base a informaciones falsas y que la acción pone a Pierre y a su familia en una situación de extrema vulnerabilidad, exponiéndolos en riesgo de expulsión.
Entre las organizaciones y personalidades que firman el documento de apoyo a Pierre figuran: el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Clínica Legal de Derechos Humanos Internacionales, University of California, Berkeley (School of Law)
Familias Prolibertad, Hilda Luz Flores, y Human Rights Institute, Columbia Law School.
Además, Fundación Zile, Adela George, Joaquin A. Labour, Giselda Liberto, Samuel Martínez, Maite de Muller, Mesa Nacional para la Migración, Northern Manhattan Coalition for Human Rights, REDAHIRD, Sarah Paoletti, Transnational Legal Clinic, University of Pennsylvania Law School, Servicio Jesuíta a Refugiados y Migrantes, así como Francisco Cueto Villamán. En el documento precisan que Pierre nació en territorio dominicano y por tanto tiene derecho a la nacionalidad dominicana según la Constitución Nacional.
Recuerdan que la madre de Sonia ingresó al territorio dominicano en 1957 bajo contrato con el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y en 1963 cuando registró su hija utilizó un documento de identidad expedido por dicho organismo estatal.
«La investigación de la JCE es ilegitima y arbitraria en cuanto intenta invalidar el acta de nacimiento alegando que su madre estaba ilegalmente en el país», subrayan.
Expresan que según el principio de «jus soli», el estatus legal de los padres es totalmente irrelevante para determinar el derecho de un/a niño/a a la nacionalidad dominicana, ya que el lugar de nacimiento es la única condición que debe ser demostrada para la adquisición de la nacionalidad.
«Es más, no existen garantías de que la investigación realizada se haya hecho de manera imparcial e independiente. Al contrario, existen indicios que la misma fue emprendida con el fin de hostigar a Sonia y su familia y limitar su legitima labor en defensa de los derechos humanos», señalan.
Expresan que de acuerdo a informaciones del presidente de la JCE, suministradas a través de los medios, la investigación fue iniciada con base en una solicitud de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), un partido político caracterizado por sus posiciones ultraconservadoras.
Indican que ésta es la más reciente de una serie de actos intimidatorios que ha sufrido Sonia y sus parientes cercanos, tras recordar que en febrero del presente año, el servicio de inteligencia del país, el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), informó erróneamente a la prensa dominicana que se habían falsificado los documentos de identidad de dos de sus hijos.
Asimismo, indica, que un miembro del gobierno alegó que Pierre era una de miles de personas presentes en el país de manera ilegal, por lo que tanto la investigación iniciada como las declaraciones realizadas envían un mensaje sumamente preocupante a los que defiendan los derechos de los más vulnerables y marginados serán castigados.
Exponen que Sonia Pierre ha sido reconocida mundialmente por su liderazgo en la defensa de la población haitiana y domínico-haitiana, por eso en 2006, se le entregó el premio de derechos humanos de la Fundación Memorial de Robert F. Kennedy.
Sus esfuerzos para reclamar el derecho a la nacionalidad de niños/as y adolescentes de ascendencia haitiana nacidos en territorio dominicano culminaron en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Dicha sentencia ordena al Estado a adoptar medidas legislativas y administrativas para garantizar el acceso a certificados de nacimiento y escolarización de forma igualitaria para todos los niños y niñas nacidos en el país.
