La culminación del Estado santanista autoritario fundado sobre la nación en 1844 llegó a su apogeo con la toma del poder político por parte del Triunvirato que presidió Donald Reid Cabral desde 1963 hasta abril de 1965, cuando fue arrojado del poder por una sublevación político-militar organizada por el Partido Revolucionario Dominicano que dirigía Juan Bosch.

El Consejo de Estado que presidió Rafael F. Bonnelly de enero de 1962 al 27 de febrero de 1963, día de la toma de posesión de Bosch, fue un breve paréntesis semi-oligárquico, pues debió compartir el poder con algunos segmentos de la fracción burguesa que emergía, así con algunos representantes de la pequeña burguesía alta y media que lucharon en contra de la dictadura de Trujillo, y con exclusión total de representación popular.

Este era el sueño de continuidad política de los jerarcas de la Unión Cívica Nacional encabezados por Viriato Fiallo y Severo Cabral en representación de los intereses de los Vicini, así como de otros líderes menores ligados a las profesiones liberales. Se dieron por ganadores antes de que se celebraran las elecciones del 20 de diciembre de 1962. Pero la realidad les jugó una mala pasada, pues el ganador fue Juan Bosch.

Los cívicos fueron incapaces de asimilar la derrota. Desde antes de los comicios prepararon el golpe de Estado en contra del orden constitucional para volver a disfrutar de las mieles del poder, como ocurrió el 25 de septiembre de 1963. La historia “guarda” la famosa foto donde Viriato Fiallo, Juan Isidro Jimenes Grullón, Mario Read Vittini y Horacio Julio Ornes Coiscou se dirigen, sonrientes,  en un auto, hacia el Palacio Nacional,  a repartirse el botín burocrático. Los jerarcas que participaron en el golpe contra Bosch fueron tan irresponsables que negaron siempre su participación en el hecho.

El Triunvirato presidido por Reid Cabral fue todo un “éxito”, pues por primera vez en la historia la oligarquía tomó el poder por sí y para sí y sus miembros coparon todos los puestos de la burocracia oficial, sin alianza ni conciliación política con otros sectores, pues los partidos políticos fueron suprimidos y los tres poderes del Estado oligárquico estuvieron concentrados en la persona del presidente del Gobierno.

El carácter depredador de aquel régimen y su vocación patrimonialista se observa en un hecho simple, pero demoledor: La apropiación privada de los altos puestos del servicio exterior para disfrute, holganza, vacaciones, estudios y francachelas de los miembros de la oligarquía dominicana.

Esta información consta públicamente porque Bonaparte Gautreaux Piñeyro  publicó un libro titulado “El gobierno de Caamaño” (Corripio, 1989) donde figura (pp. 90-91) el decreto n.° 45 en virtud del cual fueron cancelados los nombramientos de Embajador de los siguientes oligarcas o intelectuales ancilares: José Antonio Bonilla Atiles, Enrique de Marchena, Gilberto Fiallo, Guaroa Velázquez, Moisés de Soto, Carmen Natalia Martínez Bonilla, Alfredo Lebrón Pumarol, José María González Machado, Antonio García Vásquez, Eduardo Matos Díaz,  Hipólito Sánchez Báez (notario del golpe de Estado y realizador del arqueo de los bienes de Juan Bosch), Antonio Durán Barrera, Joaquín Santana, José Augusto Puig, José Fernández Caminero, Caonabo Fernández Naranjo, Carlos Federico Pérez, Pedro Purcell Peña, Simón Díaz Castellanos, Héctor Incháustegui Cabral, Jaime Ricart Vidal, Alejandro Espaillat Grullón (¿confusión con Alejandro Grullón Espaillat o es un primo del banquero?), Wenceslao Troncoso Sánchez y Máximo Sánchez Fernández.

Los otros nombramientos cancelados fueron los de Cónsul General que ejercían Rafael Tejeda, Nueva York; Rafael Bonilla Atiles (¿o Aybar?), San Juan de Puerto Rico; José Antinoe Fiallo Rodríguez, en Caracas; y Lino Eduardo Báez, San Francisco de California.

Además, fueron cancelados los nombramientos de otros diplomáticos de altura como el de Marino Inchástegui, Consejero de la Embajada, Madrid; Miguel Saviñón, Ministro Consejero, Honduras, Juan Rafael Pacheco Morales, Primer Secretario de la Embajada y Cónsul, Lima, Perú.

Esta es una pequeña muestra de cómo la oligarquía, en virtud de su concepción patrimonialista, depreda el erario. La cantidad de otros nombramientos diplomáticos que no fueron tocados por ese decreto, debido a su simbolismo político y económico, debe ser aún mayor que los cancelados. Algunos fueron quizá nombrados por el Consejo de Estado, sobrevivieron a Bosch y otros fueron nombrados directamente por el régimen del  Triunvirato.

Tradicionalmente, la Cancillería ha sido un coto cerrado de la oligarquía. A través de los nombramientos de los oligarcas o sus intelectuales ancilares se realizan negocios en el extranjero, en hospitales extranjeros se tratan enfermedades terminales a costa del Estado, se exilia a esposas divorciadas o con matrimonios mal avenidos, se becan a los hijos de los oligarcas y, a veces, se designa a queridas o amantes incómodas, a espías políticos o a homosexuales a quienes, para evitar la vergüenza, no se desea tener en los círculos mundanos de la Capital.

El coto cerrado de la Cancillería muestra mejor que cualquier otra Secretaría de Estado (Ministerio hoy, sin que seamos una democracia parlamentaria) que no existe un Estado nacional burgués moderno, a despecho de quienes afirman que ya la oligarquía no existe en nuestro país. ¿Se imaginan ustedes que en Francia el presidente de la República nombre a la esposa del presidente del banco Crédit Lyonnais como embajadora en las Naciones Unidas o en la Unesco? ¿O que Obama nombre a la esposa del dueño de J. P. Morgan Chase como embajadora en la ONU o en la Unesco? En un Estado nacional donde la burguesía sea la clase gobernante y dominante no puede existir el patrimonialismo y el clientelismo como rectores de la vida política, tal como se observa en el uso depredador que la oligarquía hace de las Relaciones Exteriores.

Otro grave problema reside en esto: En un Estado nacional burgués moderno no puede dejar de existir la contraparte dialéctica de la clase gobernante y dominante, es decir, la clase obrera y su expresión más acabada, los sindicatos libres, suministradores de la mano de obra libre imprescindible para la valoración del capital. Los sindicatos libres e independientes no existen en la sociedad oligárquica dominicana. No niego que una importante fracción de esta sea burguesa, pero con ideología y cultura precapitalistas).

La inexistencia de sindicatos libres en nuestro país explica por qué desaparecieron desde el último gobierno de Balaguer (1986-1996), pasando a convertirse en asociaciones de beneficencia y ayuda mutua, orientados por la ideología paternalista de los empresarios, situación que la implantación de políticas neoliberales en el país y a escala planetaria vino a agravar, alérgico por completo el neoliberalismo a los sindicatos, pues estos son vistos como fuentes de conflictos y con sus demandas de contratos de trabajo no garantizan la paz laboral. El neoliberalismo destruyó la fuerza de trabajo libre para el capital y acantonó a los obreros que no necesitaba  el trabajo informal. La huelga obrera es una pieza de museo en el Estado oligárquico dominicano.

La especificidad del Estado oligárquico es, al parecer, por sus frutos, una alianza con la fracción partidaria que controle el poder político. En virtud de semejante alianza, se establece un acuerdo para que los grupos económicos oligárquicos extraigan la plusvalía absoluta a los trabajadores desorganizados y los políticos se roben, con toda impunidad, una parte de esa plusvalía sacada, en forma de impuestos y corrupción administrativa, de las costillas de todos los trabajadores públicos y privados. De semejante alianza surge la impunidad generalizada para los actos de corrupción y violación a todas las leyes. Y de esta última, la inexistencia de un Estado de Derecho gobernado por los bufetes de abogados para satisfacción de sus intereses particulares y su clientes.