RAMON NUÑEZ RAMIREZ
Aparte del cumplimiento de los criterios cuantitativos de desempeño y de las metas indicativas, el gobierno dominicano deberá cumplir con una serie de requisitos relacionados con las reformas estructurales, de acuerdo un calendario cuya primera revisión en junio de este año se concentrará, como establece la introducción de la carta de intención «en la definición del contenido y del calendario del paquete de reforma tributaria, así como en la seguridad de que los bancos cumplan con las metas de capitalización».

En cuando a los criterios cuantitativos de desempeño como son el piso acumulado del resultado del sector público no financiero (SPNF), los topes de los activos netos del Banco Central, de la acumulación de atrasos externos del sector público, de la contratación de deuda externo por parte del sector público y el piso mínimo del nivel de reservas internas del Banco Central; los números actuales y la disciplina fiscal y monetaria pronostican que en la primera revisión correspondiente al mes de junio el gobierno cumplirá con suficiente holgura las metas, así como también los topes en materia de las metas indicativas como el cambio en el crédito neto del SPNF con el sistema bancario interno y la base monetaria.

Aparte de todas estas variables, relacionadas con el proceso de ajuste y estabilización, el acuerdo con el FMI contempla reformas estructurales en el área fiscal, la bancaria y la eléctrica con un calendario de iniciativas desde ahora hasta la primera revisión y por supuesto con otras acciones con miras a las siguientes revisiones trimestrales.

En el área fiscal, las reformas contemplan en el mes de febrero la aprobación por parte del Congreso de la Ley de Bonos dirigida a cumplir compromisos con suplidores y recapitalizar el Banco Central y el de Reservas.

El término de las recaudaciones el gobierno deberá desarrollar los detalles de un paquete de reforma tributaria en marzo y en junio acordará una estrategia para su implementación. También en ese mes el gobierno deberá someter al Congreso la eliminación de regímenes tributarios especiales para el turismo y zonas fronterizas y someter un proyecto de ley que convierte el fraude y la evasión fiscal en delitos criminales. Para mejorar la eficiencia del gasto el gobierno se comprometió a presentar en marzo un paquete dirigido a reformar las actuales prácticas de presupuesto, compras gubernamentales, tesorería, deuda pública y sistema de gestión financiera.

En el sector financiero, el proceso de reformas contempla que los bancos múltiples subcapitalizados presenten al mes de abril sus estados financieros con un índice de solvencia mínima del 10%, los cuales, de acuerdo a una resolución de diciembre de la Junta Monetaria, deberán ser firmados por una empresa auditora de renombre internacional incluida la participación de un socio de un país de grado de inversión. Para mayo del 2005 todos los bancos deberán entregar planes de negocios a cinco años. En el caso de los bancos públicos, el gobierno deberá someter al Congreso en el mes de abril un proyecto de ley dirigido a que estos cumplan los mismos requisitos regulatorios y de capital que los bancos privados.

Para continuar el fortalecimiento del marco regulador del sector financiero, la Junta Monetaria deberá aprobar en marzo el reglamento de Contabilidad Consolidada y el de Riesgo de Mercado y Liquidez; mientras en abril le corresponderá el turno al reglamento sobre la Supervisión Consolidada. También en ese mes será la aplicación de la nueva ley de resolución bancaria bajo riesgo sistémico y en junio la Superintendencia de Bancos actualizara el catálogo de cuentas vigentes para instituciones financieras.

En el caso de los bancos quebrados y la forma como las pasadas autoridades afrontaron el proceso, el calendario contempla a partir de febrero iniciar evaluaciones, con el concurso de asesores externos, sobre el uso de las facilidades de liquidez otorgados por el Banco Central a los tres bancos y verificar si procedía la devolución de todos los depósitos off-shores. En términos judiciales el Procurador General designará un fiscal especial para conducir la defensa de los intereses del Estado y en marzo publicar el primer informe sobre el «proceso logrado en los casos judiciales civiles y criminales contra la gerencia y directores de los bancos quebrados».

La venta de activos de los bancos quebrados y del propio Banco Central también están «calendarizados» pues en febrero deberá designarse el personal y aprobar presupuestos de la nueva estructura organizacional encargada de liquidar los activos; en marzo concluir el inventario de bienes e iniciar la transferencia de estos a la nueva entidad.

En conclusión, el reto de la primera revisión del programa con el FMI en junio dependerá del cumplimiento de topes y metas fiscales y monetarias, cuyas responsabilidades descansan en el Poder Ejecutivo y el Banco Central; sin embargo avanzar en las reformas estructurales, aparte de las acciones desde el gobierno, su implementación dependerá del concurso y el apoyo de los bancos, la dirigencia empresarial, los actores del sector eléctrico, del Poder Judicial y muy especialmente del Congreso, instancia en donde serán discutidas y aprobadas una buena parte de los proyectos.
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