TONY PÉREZ
En mis andanzas por el Cibao me topé con la buena nueva del “Proyecto Niños y Niñas con Nombres y Apellidos”, que desarrolla el Centro Jurídico para la Mujer. Es un esfuerzo orientado a disminuir la creciente cantidad de menores sin actas de nacimiento y adultos sin cédulas que pueblan llanos y montañas de esa comunidad nordestana. Es decir, los ejecutantes de este proceso rastrean muertos civiles para revivirlos y devolverles un poco de su identidad arrebatada por ignorantes e irresponsables individuales e institucionales.

Esta buena noticia de inmediato descubre sin embargo el hecho cruel de la creciente cantidad de seres humanos sin rostros de ciudadanos que están condenados a vivir lamentándose de la pobreza en República Dominicana.

Sólo en esta fértil provincia que ronda los cien mil habitantes, la Oficina Técnica Provincial identificó a 901 personas menores de 16 años sin declaraciones de nacimiento. Cifra que sube a medio millón en todo el territorio nacional, según los datos oficiales recabados en un censo de 2005 para los fines del Sistema Único de Beneficiarios y el Gabinete de Política Social.

Dirán que es un número insignificante frente a nueve millones de almas mal contadas que están desparramadas por todos los rincones. Pero, igual que los muertos a causa de enfermedades prevenibles y de la irresponsabilidad ciudadana, la existencia de una sola persona sin acta de nacimiento debería ser ya suficiente para que bajemos los rostros por el peso de la vergüenza.

Novecientas una sin actas en Salcedo, 500 mil indocumentadas en todo el país, es demasiado para una país que piensa desarrollarse saliendo de la sociedad del desconocimiento.

El territorio está plagado de personas que se saben dominicanas porque alguien se lo ha dicho, no porque puedan exhibir un documento que demuestre su dominicanidad. Nunca lo han tenido, no las declararon. Alguien les puso un freno oxidado al nacer y se olvidó de ellas. Las sinergias logradas en Salcedo son importantes, pero no se trata de un problema solo local sino nacional.

La Junta Central Electoral gasta cualquier cantidad dinero del erario sólo para organizar elecciones y asignar cuotas de lujo a partidos políticos reales y ficticios, mientras sus juntas municipales languidecen con empleados mal pagados que desfallecen manipulando vertederos de libros con polillas sobre escritorios destartalados bajo un calor que funde el hierro.

Son muy tímidos sus esfuerzos para resolver este problema crucial porque organizar elecciones es su gran objetivo; dicen que ahí está la “democracia en juego”. Sin embargo, que haya tantas personas sin declarar y sin documentos es pura inequidad social y la inequidad no pega con la democracia real.

Cierto que no es un problema creado por la JCE. Ni por mí. Lo crea el papá que tiene hijos a granel y no los reconoce.

La madre que, ignorante, los pare y los echa a rodar para que sobrevivan aferrados a la mendicidad. El campesino que engendra hijos y no le interesa declararlos porque vive el ahora y desconoce la importancia de los documentos para vivir en la sociedad de la información. El político que se ahoga en fenómenos coyunturales y en cinismo cruel los descuenta mientras no necesita los votos.

Pero un país que aspire a mejor suerte tiene que comenzar por eliminar de cuajo ese tipo de lastre y de paso el analfabetismo. Y la Junta debería ser el buque insignia que involucre y guíe a cuantas instituciones formales y no formales sean necesarias en una jornada que comience un día y no descanse hasta lograr el gran objetivo humano de erradicar los muertos civiles del territorio nacional.