La Federación Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja (FICR) inició ayer las gestiones, vía la Cruz Roja Dominicana (CRD), para que el país cuente con una legislación especial que permita liberar las donaciones humanitarias de cualquier traba aduanera al ser introducidas al país en caso de que se registre una catástrofe natural, lo mismo que para el ingreso de voluntarios.

Una misión del organismo que agrupa a todas las sociedades nacionales de Cruz Roja y Media Luna Roja se encuentra en el país conversando con representantes de distintas instancias, a través de la Presidencia de la República, la Cancillería, el Congreso Nacional y la Defensa Civil, a quienes entregan una propuesta del marco jurídico, el cual deberá ajustarse al ordenamiento local vigente.

Los representantes de la FICR, Sergio Ferrero, coordinador para América del Programa de Derecho Relativo a los Desastres y Luis Luna, consultor de Derecho de Desastres, tratan con funcionarios dominicanos, entre ellos Elpidio Báez y Arsenio Borges, la importancia de ese eventual marco legal, a partir de la ley modelo elaborada por la FICR.

En el encuentro con los congresistas participaron la presidenta y el director general de la CRD, Ligia Leroux de Ramírez y Gustavo Lara Tapia.

“Estamos tomando como parámetro las excelentes prácticas de este país frente al desastres ocurrido en enero de 2010 en Haití, labor efectuada vía la Cruz Roja Dominicana”, dijo Ferrero.

Y agregó que la respuesta dominicana, ante una situación de tanta emergencia como la de Haití, hace cinco años, “es una lección que permitirá elaborar una norma efectiva”, marco legal que “serviría de carta de ruta para elaborar el ordenamiento que permita una respuesta humanitaria oportuna en caso de que se presente una catástrofe”.

El interés de la FICR, dijo Ferrero, es “mejorar la calidad de lo donado y lograr una rendición de cuentas mucho más efecto”, además de la legislación servirá a los Estados de instrumento para recibir la ayuda humanitaria eliminando cualquier barrera que pueda existir.

Manifestó que la asistencia humanitaria es un derecho y “los estados están en la obligación de ofrecerla”, al tiempo de reconocer la disposición mostrada por los legisladores presentes en el encuentro de colaborar y socializar la propuesta con sus colegas de diferentes bancadas.

Por su parte, Lara Tapia expresó que “si tenemos un marco legal que nos libere de cualquier traba sería mucho más efectivo ante cualquier eventualidad, aunque esperamos que nunca se presente”.