Hoy 
La reputación de país altamente corrupto debe avergonzarnos y convertirse en razón suficiente para presionar hacia una cruzada legal y moral, capaz de desentrañar el grave daño que inflinge ese abuso del poder para beneficio propio, que se ha adueñado de la administración pública, el sistema de partidos y el sector privado.
Conturba el ánimo la crítica del profesor Manuel Villoria, miembro del Comité Ejecutivo de Transparencia Internacional en España, respecto a que la República Dominicana está mal en los índices de percepción de la corrupción, y que ciudadanía, expertos y empresarios nos colocan entre los altamente corruptos del mundo.
Huésped del Presidente Leonel Fernández en la FUNGLODE, Villoria, director del Departamento de Gobierno, Administración y Políticas Públicas del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, de España, reveló que si redujéramos la corrupción a los niveles vigentes en Chile, lograríamos un ahorro del 4 por ciento del PIB, o sea, RD$65,728.0 millones, el doble del presupuesto 2009 consignado a Educación, según cálculos de HOY.
La corrupción supone enormes riesgos en términos legales, financieros y de reputación, incompatibles con las demandas del desarrollo y la globalización.
Reconociendo que el sector privado utiliza el soborno para influir en las políticas públicas, las leyes y las reglamentaciones que le conciernen, vale la pena destacar que el robo de los fondos públicos constituye la expresión directa de un Estado que ha fallado en una cuestión medular para el cacareado progreso.
Con diferencias de matices, las administraciones públicas de las últimas décadas han fomentado el clientelismo, el enriquecimiento ilícito y el soborno como las principales modalidades de la corrupción.
Pero durante los casi tres períodos del Presidente Fernández el drama ha desbordado la conciencia nacional, y el pueblo, que paga las ominosas consecuencias del dolo y la prevaricación oficiales, lo sabe. Según la última encuesta Gallup-HOY, apenas el 14% de los encuestados cree que la corrupción disminuye, contrario al robusto 66% que la percibe en constante aumento y el 16% igual que antes. El 59% de los simpatizantes del partido de gobierno dice que hay corrupción.
Fernández ha fracasado en la lucha contra la corrupción, porque elude las denuncias documentadas y serias sobre actos dolosos ocurridos en las dependencias públicas, ni siquiera ordena investigarlas. Peor aún: atribuye tales denuncias a una campaña mediática impulsada por proyectos políticos que buscan desacreditar a los adversarios.
Si a ese concepto agregáramos el dato de que la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), mantiene archivado el 49 por ciento de las denuncias recibidas, y que la Comisión de Ética es inoperante, resulta evidente que el mandatario ha sido incompetente en la lucha contra la corrupción.
