El director ejecutivo de la Unidad para la Readecuación de La Barquita y Entornos (Urbe), José Miguel González Cuadra, dijo ayer que no son desalojos forzosos los que se está realizando en el Proyecto Nuevo Domingo Savio y que nunca se han cerrado al diálogo con los comunitarios como trascendió en la reunión que junto a un grupo de diputados sostuvieron las partes involucradas en el proyecto que se realiza en la ribera occidental del río Ozama.
A su salida del encuentro entre las partes, que fue encabezado por los diputados Fidel Santana, Faride Raful y Ramón Bueno en la Cámara de Diputados, González Cuadra dijo que presentaron el proyecto y escucharon a las partes.
“Por lo que manifestaron, todos están de acuerdo con el proyecto, lo que hay es diferencia en algunos procesos. Cuando hay diferencias se está tratando de cómo solucionarlo”, expresó.
El funcionario de URBE, dijo que están en la primera fase de concretar una de las etapas del proyecto, por lo que el diálogo es fundamental.
“Ahora mismo el interés mayor es el ciudadano. Ahora el diálogo es de uno a uno. Ahora va a comenzar la primera escuela”, dijo.
Atribuyó que los temores de algunos residentes en los sectores de La Ciénega es porque hay una mala información o personas que manejan mal la información de manera consciente o inconscientemente.
“Habrá más reuniones como ésta; estamos en la mejor disposición y quiero decirles: Nunca ha habido un traslado forzoso. Nunca hemos trasladado a la gente a la fuerza. Hay proceso para agotar eso y lo seguiremos agotando con el mismo respeto que lo hicimos en Los Guandules”, reveló.
Para González Cuadra lo que se ha dado son algunas inconformidades que URBE asumió y las presentaron al Catastro Nacional, que es la entidad que asumirá desde ahora la valorización.
La queja de los comunitarios. Representados por diversos dirigentes comunitarios, sectores comerciales, juntas de vecinos y religiosos de la zona, aunque no se mostraron opuestos al proyecto, la queja generalizada se centró en lo económico, y los montos que se han dado a las familias.
“Cuando la Urbe viene a darle dinero a la gente, nosotros como iglesia y Centro Montalvo vimos esto no muy positivo”, dijo el padre Edward Figueroa, mejor conocido como (Padre Macoby), quien explicó que a muchos el dinero dado por URBE no fue suficiente para comprar una casa en otro lugar, por lo que han tenido que volver a lugares de vulnerabilidad, lo cual no es el sentido del proyecto.
Mientras que Juan Pablo Hiciano, hablando por los comerciantes en La Cienaga, expresó que Urbe no les ha dado garantías de reubicación y mucho menos una valoración justa de sus puntos comerciales.
“El dinero que nos están ofreciendo es muy insuficiente para poder reubircarnos en un negocio. Si es indemnizar, que se nos dé lo justo; lo que vale nuestro negocio”, reclamó Hiciano.
Por momentos los ánimos se caldeaban y se escuchaban expresiones de rechazo de uno que otro comunitario, que obligaba al diputado Fidel Santana tener que pedir orden, específicamente Patricia Cuevas, de Urbe, dijo que habían dado montos entre RD$250 mil y RD$3 millones a algunos moradores.
Hablan Faride Raful y Ramón Bueno. Los diputados mostraron su preocupación por la situación que se presenta en el proyecto, quienes solicitaron la intervención de la comisión de los derechos humanos y medio ambiente de la Cámara de Diputados en el caso.
“Hemos hablado con muchos residentes del sector y estamos en desacuerdo con la forma y manera desigual con que se tratan los casos en los desalojos”, expresó Bueno.
La diputada Raful, quien pidió que todos sean escuchados, llamó a tener paciencia y tolerancia con los ciudadanos, pero que además el Estado garantice el derecho a la vivienda digna y que no se traslade el problema de un lugar a otro.