El Gobierno no va a aplicar una nueva reforma tributaria, ni a incrementar la tarifa eléctrica y tampoco eliminará o recortará las exenciones fiscales, como propone el FMI para que pueda hacerle frente a los déficit que arrastra. No hay con ese organismo una atadura contractual que comprometa a acoger su receta. El FMI se limitó a monitorizar la economía de un socio y los resultados de esa revisión lo motivaron para hacer recomendaciones. Eso, no más.

Pero es evidente que, aunque no acatemos lo que aconseja el FMI, alguna disciplina hay que adoptar para eliminar, que sería lo ideal, o por lo menos contener en sus niveles actuales los déficit fiscal y del mercado eléctrico, así como para descontinuar aquellas exenciones que no llenan ninguna función en la promoción del desarrollo. Somos libres de no acoger la receta del Fondo, pero existiendo el síndrome que este organismo ha señalado, alguna medicina hay que darle al paciente.

Este país tiene que crear una disciplina propia para preservar la salud de la economía. Para poder alcanzar las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo, es mandatorio que creemos un método que nos libre de los sobresaltos fiscales y que haga menos intensa nuestra necesidad de endeudarnos. Si no queremos la receta del FMI, por lo menos demostremos que somos capaces de autodisciplinarnos.

Desapareció ¿Así nada más?

Cómo pretender que una sociedad de estos tiempos acoja como buena, válida y concluyente la explicación de que un ciudadano fue arrestado por la Policía, estuvo encerrado en un destacamento de esa institución y luego desapareció sin dejar rastro? En poco más de tres meses transcurridos desde el 13 de diciembre hasta hoy, la Policía no ha dado una respuesta satisfactoria sobre la desaparición del joven Randy Vizcaíno González. A pesar de su capacidad investigativa, sus indagaciones sobre este hecho se han empantanado.

Pregonamos que vivimos en un Estado de derecho pero este caso, tan rodeado del ocultismo que caracterizó épocas aborrecibles, debería poner en enérgica acción al Ministerio Público para llegar a resultados, conclusiones y, por supuesto, responsabilidades de orden penal. En un Estado de derecho los ciudadanos no desaparecen así por así, sin dejar rastros y sin consecuencias.