El día 23 del presente mes, un grupo de comunicadores realizó una marcha de protesta por un alegado intento de restringir la libertad de expresión del gobierno del presidente Leonel Fernández, que es sui géneris un comunicador con calificaciones, además de maestro en la asignatura,  muy superior de quienes le acusaban de una ridícula ley mordaza. En los casos que motivaron las protestas se trata de los comunicadores Luis Eduardo Lora Iglesias, el famoso Huchi, y la no menos famosa Nuria Piera Gainza, que están sometidos a la Justicia por la empresa de lácteos LADOM, a quien acusaron de expender el alimento de manera irregular, es decir, es un caso estrictamente privado, a menos que se alegue que Ladom es una empresa de CORDE. El caso alusivo a Alicia Ortega se declaró inadmisible su acusación el día 25. Concerniente al comunicador Vianco Martínez, éste sostuvo un altercado con un guardia de seguridad del Teatro Nacional que ni siquiera lo conocía, de manera que resulta asaz imposible conectarlo con un plan oficial, que no existe, que no existirá, porque aquí todos nos conocemos y sabemos todos que Leonel no es persona de recurrir a ningún tipo de coacción de la libertad de expresión, porque su naturaleza, su accionar, su conducta histórica no lo involucran en ese litoral áspero. La prueba, una de tantas, es que al siguiente día de esas innecesarias protestas, porque el gobierno no guarda relación con ninguno de los dos casos, el Banco de Reservas, estatal, realizada la puesta en circulación, con su patrocinio, de un libro documental relacionado con el accionar de medio siglo de Radhamés Gómez Pepín cazando noticias en los principales diarios del país. Los protagonismos excesivos no son recomendables en personas sensatas y los tres comunicadores con casos pendientes en la Justicia tienen bien ganados sus espacios y no es menester ni prudente pretender ensancharlos mediante expedientes judiciales y, por último, los periodistas ni los periódicos son jueces para juzgar.