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La República Dominicana se encuentra en la lista de espera para firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Norteamérica para que en 2004 ó 2005 se concrete el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Las opiniones sobre los tratados comerciales van desde quienes los consideran la «varita mágica» que sacará de la pobreza a los países firmantes, hasta quienes los consideran una colonización moderna de parte de E.U. La realidad es que para firmar un TLC con E.U. se requieren recursos humanos calificados, competitividad en el sector productivo e industrial y un marco jurídico que proteja a los productores nacionales de las transnacionales.
América Latina ha acogido con entusiasmo la visión y el reto del libre comercio hemisférico, pero lo ha hecho, con una visión prudente y estratégica. Aún antes de que se anunciara la Iniciativa Para las Américas en 1990, la mayoría de los países de la región habían emprendido en forma unilateral sus propias reformas comerciales y financieras, que comprendían la reducción de aranceles hasta alrededor del 20%, y la supresión de muchas barreras no arancelarias. Sin embargo, llegar hasta la virtual eliminación de todas las barreras comerciales, frente a un país del tamaño y fuerza competitiva de los Estados Unidos, es una proposición enteramente diferente.
[b]EL POR QUÉ DE LOS TRATADOS[/b]
Desde la década de los ochenta la política comercial de E.U. ha seguido un enfoque de tres vías: multilateral, bilateral y unilateral. Así, mientras perseguía activamente su agenda comercial, primero, en la Ronda de Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales del GATT, y luego en la Organización Mundial de Comercio (OMC), negociaba también tratados de libre comercio bilaterales con Canadá (1989), México (1992), Israel (1995) y Chile (2003). Al mismo tiempo, aumentó el uso selectivo de medidas unilaterales con el doble propósito de restringir las importaciones y abrir los mercados externos para sus exportaciones. De allí vienen herramientas legales como las «Súper 301 y La Ley General de Comercio de 1988 y de 2003, para amenazar e imponer sanciones a los socios comerciales que no acaten ciertas prácticas o normas comerciales.
La formulación de la política comercial de E.U. siempre ha respondido a los intereses económicos de los grupos de presión y como vehículo para alcanzar objetivos de política exterior, desde cambios políticos hasta normas laborales y metas ambientales. Pero el cambio en la política comercial se debe en mucho al rápido crecimiento de los déficit comerciales desde de la década de 1980. Esos balances fueron resultado de una mezcla de política fiscal expansiva y política monetaria restrictiva, que elevó las tasas de interés e indujo la entrada de grandes flujos de capital y una significativa apreciación real del dólar. Por su parte, el interés en nuestra región estriba en comprender que, tarde o temprano, E.U. sufriría las consecuencias vía falta de pago de la deuda, menores exportaciones, más narcotráfico, u oleadas de inmigrantes. E.U. tiene también un interés vital en las reformas políticas y el surgimiento de regímenes democráticos en América Latina.
[b]OBJETIVOS DEL LIBRE COMERCIO DE LAS AMÉRICAS[/b]
La creación de un ╡rea de Libre Comercio en las Américas (ALCA) tiene su origen en la Cumbre de Presidentes y Jefes de Estados de las Américas celebrada en diciembre de 1994 en la ciudad de Miami. Esta área de libre comercio forma parte de una Declaración de Principios y un ambicioso Plan de Acción firmado por los mandatarios de las 34 democracias de la región que tiene como objetivo el compromiso de eliminar progresivamente las barreras al comercio y a la inversión. En ese entonces se acordó que las negociaciones con miras a lograr el ALCA finalizarían a más tardar en el año 2005 y se lograrían avances sustanciales para el año 2000. El Plan de Acción contenía 23 iniciativas para alcanzar los objetivos dentro de cuatro ejes temáticos: 1) La Preservación y Fortalecimiento de la Comunidad de Democracias de las Américas; 2) La promoción de la Prosperidad Mediante la Integración y El Libre Comercio; y 3) La erradicación de la Pobreza y la Discriminación en Nuestro Medio Ambiente para las Generaciones Futuras.
Hasta el momento, el mundo ha conocido ocho reuniones ministeriales que buscan poder lograr el ALCA para 2005. La mayoría de ellas han ocasionado fuertes resistencias y disputas. La primera se realizó en junio de 1995 en la ciudad de Denver, Colorado. El propósito de esta primera reunión fue el de formular y ejecutar un plan de trabajo para el ALCA. A la reunión de Denver le siguieron la de Cartagena, Colombia, en marzo de 1996; una tercera en mayo de 1997 en Belo Horizonte, Brasil; la cuarta en marzo de 1998 en San José, Costa Rica; la quinta en noviembre de 1999 en Toronto, Canadá; la sexta en abril de 2001 en Buenos Aires, Argentina; la séptima en noviembre de 2002 en Quito, Ecuador; y la octava en noviembre de 2003 en Miami, EE.UU. En enero de 2004, los presidentes de las Américas clausuraron la Cumbre Extraordinaria de las Américas con la redacción de una declaración final que menciona el comercio como factor promotor del desarrollo económico y sienta las bases para promover la transparencia en los procesos políticos y la administración financiera pública y privada.
Las negociaciones del ALCA se iniciaron formalmente en abril de 1998 durante la Segunda Cumbre de las Américas en Santiago de Chile. En la Declaración de Santiago, que toma como base la Declaración Ministerial de San José, se redefinen los objetivos a través de los cuatro ejes temáticos adoptados en la ciudad de Miami anteriormente. Estos ejes pasan a ser: 1) Educación; 2) Democracia, Justicia y Derechos Humanos; 3) Integración Económica y Libre Comercio; y 4) Erradicar la Pobreza y la Discriminación. En esta segunda cumbre, la educación, que no formaba parte de los ejes centrales de Miami, aunque estaba contenida dentro del eje de «La Erradicación de la Pobreza y La Discriminación en Nuestro Hemisferio» pasa a ser la clave para el progreso económico y social. Por su parte, los temas del desarrollo sostenible, contenidos en el primer plan de acción, se inscriben dentro de las demás áreas en diversas ocasiones.
Desde la declaración de Santiago se conformó un Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) responsable de supervisar y guiar las negociaciones del proceso hacia el ALCA. El CNC tiene el objetivo de asegurar la plena participación de todos los países tratando de que las preocupaciones de las economías más pequeñas y las relacionadas con los países con distintos niveles de desarrollo, sean tratadas al interior de cada grupo de negociación. Luego de un amplio debate, de los doce grupos de trabajo existentes quedaron conformados nueve. Estos nueve grupos de negociación son relativos a: (1) Acceso a Mercados, (2) Inversiones, (3) Servicios, (4) Compras Gubernamentales, (5) Solución de Controversias, (6) Agricultura, (7) Propiedad Intelectual, (8) Subsidios, Antidumping y Derechos Compensatorios, y (9) Políticas de Competencia. El antiguo grupo de trabajo sobre economías pequeñas se convirtió en un Grupo Consultivo. Este tendrá las funciones de seguir el proceso evaluando las inquietudes de las economías más pequeñas, y hacer llegar a la consideración del CNC sus temas de interés. Adicionalmente, mediante la Declaración de San José fueron incorporados al debate los temas sobre el comercio electrónico, y los gobiernos expresaron su interés de que la sociedad civil participe de una forma más activa a través de espacios que promuevan el diálogo y las alianzas.
[b]COSTOS Y BENEFICIOS[/b]
Un tratado de libre comercio con E.U. acarrearía beneficios significativos, así como costos para América Latina. Los principales beneficios potenciales comprenden un incremento posiblemente sustancial de exportaciones a Estados Unidos, mayores flujos de inversión y aumentos de productividad ligados a los esfuerzos internos por mejorar la competitividad externa. Para que se materialicen estos beneficios, empero, debe ampliarse el acceso efectivo y seguro al mercado de E.U., mediante la supresión de barreras arancelarias y no arancelarias, disciplina en el uso de los correctivos al comercio desleal por parte de E.U., y reglas de origen no excluyentes. Además, se requerirán medidas complementarias de apoyo y políticas de modernización para mejorar la capacidad de respuesta de la oferta. Así, para promover la inversión a largo plazo será esencial un ambiente macroeconómico estable, un marco de políticas claro y coherente, y remover rigideces estructurales y cuellos de botella que pudieran frustrar el esfuerzo de los exportadores (infraestructura inadecuada, mercados de capitales segmentados e ineficientes, falta de capacitación, capacidad gerencial y tecnológica insuficientes, y una burocracia pública rígida e ineficaz).
Los principales costos del área de libre comercio serían aquellos ligados a la penetración de importaciones y a la pérdida de ingresos fiscales vía el sector externo. Es probable que para América Latina, un tratado de libre comercio con E.U. acarrearía mucho más que la supresión de barreras comerciales en sus fronteras. Tal tratado tendría un profundo impacto sobre el tamaño, papel y prerrogativas del Estado, el manejo macroeconómico y la adopción de estándares internacionales en muchas áreas. Además, los sectores productivos estarían expuestos a fuerzas del mercado hemisféricas, mientras que las tendencias globales de inversión diluirían aún más el control sobre las economías nacionales. Así pues, asuntos culturales y sociales se verían también involucrados.
La extrema heterogeneidad de la región plantea un desafió crítico al libre comercio hemisférico. Las vastas diferencias que existen entre E.U. y los países latinoamericanos en términos de tamaño, productividad, nivel de desarrollo e importancia mutua como socios comerciales, implican que un área de libre comercio no puede concebirse como un intercambio recíproco entre iguales. La liberalización recíproca de comercio entre socios desiguales puede sólo ser factible si se complementa con medidas adicionales para evitar una distribución demasiado inequitativa de las ganancias, y con mecanismos para apoyar el rápido crecimiento de las exportaciones, la inversión y la competitividad de los socios menos desarrollados. Que esas medidas de apoyo técnicas y financieras estén o no incorporadas al tratado, no es lo esencial. Lo que interesa es que se reconozca la importancia de estas políticas complementarias para asegurar la viabilidad de áreas de libre comercio entre países en diferentes etapas de desarrollo. Cómo paliar estas disparidades es el reto más importante de las áreas de libre comercio para todos.
