JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Un informe de Mario Méndez en la portada de la sección económica de HOY del pasado jueves daba cuenta de las disposiciones adoptadas por naciones centroamericanas para afrontar el choque que significa un petróleo alrededor de los 60 dólares por barril.

En Costa Rica, cuyas importaciones de petróleo son apenas la cuarta parte de las de República Dominicana, se ha declarado un estado de emergencia, y se modificaron los horarios de los empleados públicos para que no coincidan con el resto y reducir los congestionamientos del tránsito que derrochan tanto combustible.

Así mismo se adoptaron disposiciones limitativas de la circulación de los vehículos particulares en determinadas horas y por el centro de la ciudad, atendiendo al último dígito de la placa.

En El Salvador, el gobierno contempla también medidas drásticas, pues un viceministro de energía ha dicho que con el petróleo a 60 dólares, ese país no podría afrontar una factura este año del orden de los mil millones de dólares.

Bueno, pues aquí en la República Dominicana, donde estamos importando más de 150 mil barriles diarios de petróleo, a 60 dólares, la factura petrolera montaría a los 3 mil millones de dólares, el triple que en El Salvador, y no parecemos muy preocupados.

A 50 dólares promedio el barril, nuestras importaciones este año sumarían 2 mil 700 millones de dólares, casi el ingreso total del turismo y más de tres veces el valor de las exportaciones nacionales, excluyendo las de zonas francas.

En toda América Central las importaciones petroleras son menores que aquí fundamentalmente porque la energía es en gran proporción hidroeléctrica, mientras en este país cerca del 90 por ciento se origina en hidrocarburos.

Ya el año pasado el precio promedio que pagamos por el barril de petróleo fue demasiado gravoso, alrededor de los 39 dólares, para una facturación total de 1,667 millones de dólares.

Estamos hablando de cifras desproporcionadas, tres y hasta cuatro veces lo que pagábamos hace una década, sin que hayamos podido encontrar fuentes de compensación, lo que se traduce en mayor pobreza, en inestabilidad, en reducción de las posibilidades de crecimiento económico.

Aquí como en Costa Rica deberíamos declararnos en estado de emergencia y asumir la realidad de que debemos ahorrar combustibles y buscar urgentemente fuentes alternativas.

Lo primero que se impone es una intensa campaña educativa para ahorrar energía eléctrica, gasolina, gasoil y gas propano. Una alta proporción de los dominicanos y dominicanas ignora que luego que un recipiente está hirviendo algún alimento, se puede bajar la hornilla del gas sin reducir la cocción.

Aquí también podríamos alternar la circulación de los vehículos públicos entre pares y nones, según el último dígito de la placa. Eso tiene un doble efecto de ahorro, directo al sacar de circulación a miles de vehículos, y al disminuir los congestionamientos del tránsito, lo que permite al resto reducir el consumo de combustibles.

Se impone también prohibir el uso de los vehículos estatales durante los fines de semana y reducir las asignaciones de combustibles a los funcionarios públicos.

Si el gobierno da ejemplo de austeridad y apela al resto de la población, de seguro que muchos optarán también por el ahorro, creándose una mística nacional.

El 21 de marzo pasado el presidente Leonel Fernández designó una comisión con el encargo de presentar «en dos semanas» un plan estratégico para ahorrar combustibles y energía. Más allá de buenos propósitos todavía no se implementa una sola medida de real austeridad.

El problema es que muchos dominicanos no conciben la austeridad. Vivimos como ricos, aunque en medio de una gran pobreza que atrapa a más de la mitad de la población.

El barril de petróleo pasó esta semana de los 61 dólares. ¿Esperaremos que llegue a 70 u 80 dólares para tomar la situación en serio y empezar a ahorrar?

En verdad, ¿cuándo comenzaremos a ahorrar combustibles?