La violencia sexual y el embarazo infantil siguen siendo ignorados por los Estados Latinoamericanos, y prueba de ello son los dos millones de partos de niñas menores de 15 años que hay anualmente en el mundo. La región de América Latina y el Caribe es la única donde los casos aumentaron y donde se prevé que sigan creciendo hasta el 2030.
Así lo afirmó la Organización de los Estados Americanos (OEA), basada en datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La República Dominicana no es la excepción, el reciente asesinato de Emely Peguero, embarazada de apenas 16 años de edad, nos enrostra que estamos frente a un entramado de complicidad para “invisibilizar” los daños a las víctimas y justificar, exculpar, comprender y casi perdonar a los agresores.
La República Dominicana en cifras. Para tener una idea la situación, durante el año 2015 la Procuraduría General de la República recibió 6 741 denuncias por delitos sexuales en todo el país. De esos, 236 casos correspondieron a incestos y 1 767 a ‘seducción de personas menores de edad’.
En los primeros cinco meses del año 2016 fueron recibidas 896 denuncias de ese delito sexual, un 20 % más que el año anterior.
Un estudio realizado por UNFPA, PNUD y UNICEF sobre conocimientos, actitudes y prácticas sobre violencia basada en género, con la experiencia de 7 768 estudiantes de centros educativos públicos y privados reveló que el 36.4 % de las adolescentes y el 32.5 % de los adolescentes refirieron haber recibido proposiciones sexuales de parte de personas adultas.
Con relación a la forma en como la sociedad aborda el tema de las relaciones sexuales entre un adulto y un menor de edad, Arisleydi Sánchez Guzmán, máster en psicología clínica infanto-juvenil, experta en abuso sexual infantil y especialista en violencia intrafamiliar, refirió que naturalizar el estupro lo que hace es invisibilizar el abuso y el maltrato que conlleva el hecho de aprovecharse de una menor de edad para manipular la situación, la relación y la “supuesta” decisión en temas de sexualidad.
“También se debe pensar en las distorsiones cognitivas y psicológicas generadas en este tipo de relación de desigualdad”, señala, explicando que “regularmente las adolescentes que pasan por este tipo de situaciones se someten a una relación donde los conceptos de amor, justicia, respeto y equidad quedan alterados casi de por vida”.
Así mismo refiere que una menor de edad no tiene madurez para llevar una relación de amor con un adulto. “Debido a la diferencia de edad que existe entre la menor y la persona con quien lleva la relación, se puede hablar de manipulación por parte del mayor de edad para lograr el supuesto consentimiento”, explica.
En estos casos, cuando se habla del consentimiento prestado por la víctima como consecuencia del engaño, este no es plenamente libre, sino una valoración en la que también influye la minoría de edad de la víctima.
“Psicológicamente hablando nadie puede dar consentimiento en algo para lo cual no está preparado y mucho menos en una situación donde existe desigualdad de información, poder y experiencia”, explica Sánchez Guzmán.
La especialista asegura que este tipo de relaciones le cambia la vida a la adolescente desfavorable: “La menor suele darse cuenta de las intenciones del adulto luego de haber sostenido relaciones sexuales y coitales y experimentar el cambio en la relación o evidenciar que las promesas realizadas no son cumplidas. Esto lleva a la adolescente a tener sentimientos de culpa, de haber sido utilizada y ‘cosificada’ y puede llevarla a sentimientos de depresión, ansiedad y alteraciones conductuales y emocionales”, señala.