ROSARIO ESPINAL
En todas las sociedades y en todas las épocas se han establecido mecanismos de vigilancia social para controlar el daño potencial que unas personas podrían causarle a otras. Cuando las sociedades eran pequeñas y no existía una compleja diferenciación social, el honor y el prestigio servían de control social, unido a la represión del Estado que actuaba más como agente de prevención que de sanción. 

Perder el honor era casi igual a perder la vida porque la vergüenza era utilizada en la comunidad para mantener los lazos de solidaridad.  Con el propósito de reforzar los valores de protección social, las sociedades llegaban incluso a liquidar físicamente en espectáculos públicos a los transgresores de las costumbres.

Desde que los asentamientos humanos crecieron en tamaño con la revolución industrial y surgieron las grandes ciudades, el honor como elemento de control social perdió valor y eficacia.  En su lugar, se establecieron las leyes formales y las penalidades que servirían para disuadir a los que intentaran abusar de los demás, así como también para mantener el orden social.

Esta gran transición de la sociedad pre-industrial o pre-moderna a la sociedad industrial o moderna la describió el sociólogo francés Emile Durkheim al distinguir entre la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica.

En la solidaridad mecánica típica de la sociedad pre-industrial, la armonía se producía por la similitud y la tradición.  En la solidaridad orgánica de la sociedad industrial, la armonía se establecería en base a un acuerdo formal que serviría para compactar la creciente diferenciación social y el cambio rápido y continuo que traían la industrialización y la modernización.  En todo caso, insistía Durkheim, era importante establecer un mecanismo de solidaridad, cualquiera fuera su fundamento, para mantener el orden.

Las sociedades modernas con una democracia funcional han confiado en el Estado para formular la ley y aplicar las sanciones correspondientes en caso de violación a la ley, siempre con el objetivo de que sea a favor de todos los miembros de la sociedad constituidos en ciudadanos y ciudadanas en virtud de éste y otros derechos y deberes.

En la República Dominicana, la quiebra de tres bancos en el 2003, los automóviles robados y recientemente encontrados en manos de oficiales de la Policía, y el asesinato de varias personas en Navarrete y Azua (para sólo mencionar algunas cosas o casos), muestran que el Estado Dominicano no ha estado ejerciendo adecuadamente su función de cuidador de la ciudadanía.

Los bancos quiebran por diversas razones, pero una muy frecuente es una administración deshonesta.  Cuando quiebran hay que investigar las causas, y el Estado debe explicar porqué quebró una entidad que era responsable de cuidar el dinero de los ahorristas.  Si el Estado no hace la investigación adecuada y reporta la naturaleza del problema, se hace cómplice de una situación donde pudiese haber cuidadores de dinero, privados y públicos, convertidos en ladrones.  Ellos deberían ser investigados, sobre todo, porque ya la población ha estado injustamente pagando con un empobrecimiento acelerado.

En el caso de los automóviles robados encontrados en manos de oficiales de la Policía tenemos otra muestra del mismo problema.  Las personas que perdieron sus autos reportaron el hecho a las autoridades policiales, que tienen como una de sus funciones proteger a la ciudadanía de los ladrones.  Pero un grupo de oficiales se quedó con una parte de los autos robados.  Quedan las interrogantes: ¿Quiénes fueron los ladrones originales?  ¿Fueron castigados?  ¿Por qué la Policía no devolvió los autos cuando fueron encontrados?  Ante tal descubrimiento e interrogantes, la ciudadanía ha quedado perpleja y desconcertada por la violación a la ley y la complicidad de un órgano del Estado en el destino de esos bienes robados.

Los muertos de Navarrete y Azua en supuestos ajustes de cuenta o hechos relacionados con el narcotráfico son muy lamentables.  Pero lo que más preocupa desde el punto de vista de la seguridad ciudadana es cómo en pueblos relativamente pequeños, que con esfuerzo policial se patrullan y controlan, haya un narcotráfico de tal magnitud que lleve esas mini masacres.  ¿Qué estuvo haciendo la Policía todo este tiempo en Navarrete y Azua? ¿Por qué no hubo más vigilancia sobre esos supuestos narcotraficantes, que son ladrones de la seguridad ciudadana?

Episodios como los bancos quebrados, los autos robados en manos de oficiales, y los ajustes de cuenta entre narcotraficantes tienen en común que los cuidadores no han cumplido adecuadamente con su función de cuidar los bienes (dinero, autos) ni la vida de la ciudadanía.  Y cuando el cuidador, ya sea un banquero, un policía, un fiscal, o cualquier otra autoridad fracasa en su función y no hay sanción, se debilita o rompe el lazo de solidaridad orgánica que tanto enfatizó Durkheim era necesario para que la sociedad moderna sobreviviera y se fortaleciera.