HELENA COIFFARD
Todas las sociedades humanas, todas las culturas del globo terráqueo de las diferentes épocas y lugares, desde las más primitivas hasta las más avanzadas, han establecido reglas de conducta para normar la convivencia grupal, las cuales sirven para que las relaciones entre sus integrantes se desenvuelvan de forma ordenada, armoniosa y pacífica.

Con el tiempo se fué institucionalizando la justicia y se elaboraron leyes que establecían las penas o castigos que se aplicarían en caso de su infracción. Así, en caso de producirse querellas e injusticias en la convivencia se podía recurrir a los procesos judiciales donde los jueces, que son las personas especialmente designadas para que de manera imparcial apliquen la justicia, las resolvieran.

La Justicia, que es una institución cada vez más grande y poderosa en el Siglo XXI, cuenta con multitud de abogados, jueces, fiscales y numerosas leyes, pero esto no nos ha garantizado su correcta administración, ni la disminución de la criminalidad, ni la corrección de los reos que en muchas ocasiones salen peor de las cárceles que como eran antes de entrar en ellas.

Y nos preguntamos: ¿Están cumpliendo los administradores de justicia correctamente con su papel, con su responsabilidad social?

El rol social de la Justicia Penal es sumamente importante, y de su buen funcionamiento dependen la paz y el orden colectivo; y el adecuado enjuiciamiento y castigo de esta para eliminar los daños que producen las actuaciones incorrectas es la única forma de evitar se sigan produciendo y que el mal que causan no se propague por la sociedad y afecte todo el cuerpo social. Hay que proceder con firmeza en la aplicación de los correctivos que establecen los códigos penales. Dejar de aplicar las penas que corresponden o ser negligente en su aplicación lo que hace es permitir que el mal, la conducta incorrecta, se fortalezca, lo que impide o hace más difícil su corrección.

Si los administradores de justicia carecen de autoridad moral no van a ser capaces de cumplir con su trabajo. Por eso, para que la justicia cumpla su cometido los encargados de administrarla deben ser personas de probada seriedad y moralidad, cualidades sin las cuales no podrán hacer un buen trabajo.

¿A quién o quiénes debe servir la Justicia, para quien o quienes debe trabajar? En un sistema social que se precie de justo, sin injusticias ni privilegios, la Justicia debe trabajar para todos por igual, debe servir a la sociedad completa, no grupos que por poseer poder y/o riquezas se crean merecedores de ser exculpados de sus faltas. Debe velar por una sociedad sana, libre del cáncer social de la delincuencia, el cual se fortalece cuando se fomenta la impunidad.

Los padres que corrigen sus hijos desde que estos comienzan a comportarse mal actúan con sabiduría y bondad con ellos pues «Arbol que crece torcido nunca sus ramas enderezan» dice el refrán, y es más fácil corregir y eliminar la mala conducta antes de que esta tome cuerpo, ya que si se arraiga su extirpación será más difícil y dolorosa. Es por esto que es tan importante que la educación moral comience a edad temprana, pues es mejor disciplinar al niño que luego tener que castigar al adulto.

Dios le dio libre albedrío a los seres humanos, pero también les dio una serie de leyes universales para regir su conducta que las religiones proclaman constantemente, y las cuales debemos cumplir pues si bien Dios es infinitamente misericordioso y perdona todas nuestras faltas cuando nos arrepentimos de ellas sinceramente, también nos castiga cual un padre bondadoso y sabio hace con sus hijos para corregirnos y que cambiemos.

En nuestro país dado el fallo de la Justicia Penal que tanto daño le ha hecho por su incapacidad de poner un freno a la degradación moral que ha conducido a un aumento de la delincuencia, debiéramos hacer un foro a nivel nacional para tratar este problema que es ya de gran dimensión. En este foro deberían participar los administradores de justicia, religiosos, educadores, psicólogos, sociólogos y demás personas que se interesen por este tema para analizar sus causas y buscar su solución. Es impostergable hacer un trabajo de educación moral que abarque todos los estratos sociales para fomentar la valorización de la conducta correcta. Hay que reforzar la buena conducta premiándola y castigar la mala conducta para desterrarla, lo cual debe hacerse en una labor en que trabajen conjuntamente educadores, psicólogos, sociólogos, y los administradores de justicia. Todos ellos deberían unirse en una especie de cruzada para hacer esto, pues es urgente que se restaure el orden social.

Al Gobierno le corresponde trabajar por la creación de un orden social más justo, donde todos los ciudadanos tengan derechos a cubrir sus necesidades vitales más básicas como son las de alimentación, educación, salud y trabajo, pues al no poder lograr esto las personas se tensan y la acumulación de tensiones conduce a la violencia y la violencia puede llevar a la criminalidad en casos extremos.