RAFAEL TORIBIO
Cuando las instituciones son fuertes el protagonismo de las personas dejan de tener preeminencia, pues los procedimientos y normas que se corresponden con la naturaleza de las instituciones se imponen sobre el proceder de las organizaciones en las que se concretizan, y también sobre las autoridades que las dirigen.

Por el contrario, cuando las instituciones son frágiles, el rol de las autoridades que tienen bajo su responsabilidad la dirección de las organizaciones pasa a ser determinante, para bien o para mal. Pueden suplir las deficiencias de las instituciones, pero pueden también debilitarlas y hasta sustituirlas.

En nuestra historia política hemos tenido en la dirección del Estado más «conspiradores» contra las instituciones que colaboradores en su fortalecimiento. Paradójicamente, quienes han tenido las mayores posibilidades para apostar por instituciones fuertes lo que han hecho ha sido debilitarlas.

Uno, que permaneció durante 22 años ejerciendo la Presidencia de la República, que manejó los recursos y el poder a su antojo, y gozó de una legitimidad hasta en las filas de sus opositores, terminó su vida política habiendo devastado institucionalmente al Estado Dominicano. Ni siquiera fortaleció al Poder Ejecutivo, sólo a la Presidencia.

Otro, que por su investidura juró «cumplir y hacer cumplir las leyes» declaró antes de asumir el cargo que violaría una ley que le impedía remover a un funcionario designado. Y lo hizo. Después hizo otras muchas cosas violatorias de lo establecido, como fue que no se aplicara la norma que determinaba el procedimiento a seguir en caso de fraudes bancarios. Por su decisión, una inmensa deuda privada fue convertida en pública.

No ha faltado quien habla de revolución institucional, racionalidad y eficiencia en la administración del Estado, pero comienza por continuar con su hipertrofia, incumplir lo establecido en leyes vigentes sobre apropiación presupuestaria y mantener un silencio preocupante ante acciones que con una simple declaración de que no las respalda, obligaría a que fueran suspendidas.

Sucede a veces que fallan las instituciones y, al mismo tiempo, también las personas. Hay casos en que por criterios políticos, retribución por beneficios recibidos o evitar enfrentar poderes fácticos, se decide intervenir para que no se haga lo debe ser hecho e impedir que prime la institucionalidad.

Vulnerada la institucionalidad se podría esperar la verticalidad de las personas que las dirigen, oponiéndose a que las cosas se hagan como no deben hacerse. O, al menos, la honorabilidad aconsejaría la renuncia al cargo cuando se le obliga a proceder contrario a la institución que dirige.

Pero no. Se acepta la violación a la institucionalidad, y no se renuncia.

Parece que recientemente una decisión política modifica las conclusiones del Ministerio Público haciendo que se retire al final lo que se había defendido durante todo el proceso.

Cuando esto ocurre, y todo sigue igual, a la debilidad institucional, evidenciada en la imposición de criterios políticos sobre los jurídicos, se une la debilidad de las personas que no renuncian al cargo, pero sí a suplir con su entereza lo que la fragilidad de las instituciones no puede evitar.

¡Qué lastima!

rtoribio@intec.edu.do