Cuando hablan los pueblos

La avalancha de mensajes denostares, abominables incluso, que por años lanzó por red social el gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ricardo Roselló, sobre muchos conciudadanos de vida pública, desencadenó un sorprendente repudio que se agranda al paso de los días para incluir a más representantes de esa nación hermana, mediatizada en sus derechos soberanos. Con todo y ello, la demanda pacífica de que el ejecutivo se eche a un lado por haberles fallado, los puertorriqueños muestran una extraordinaria capacidad de lucha solidaria y ejemplar para exigir respeto.

Acorralado por la embestida de multitudes, a las que se había puesto de espaldas hiriendo la sensibilidad y el sentido de dignidad que la mayoría de los puertorriqueños espera de sus más altas autoridades, a Roselló se le ha hecho tarde. Su anuncio de no pretender postularse a la reelección y aceptar un juicio político ante las barras congresuales que podrían destituirlo, no detuvo las manifestaciones en su contra. Paga con el hundimiento de su gestión las consecuencias de sus ligerezas en el uso de la electrónica gubernamental para la agresión mediante mensajes solapados que al salir a la luz han dado motivo a una estrepitosa caída de la confianza de su pueblo que ejerce el legítimo derecho a la protesta de gran magnitud y que no alteran el orden.Desconoció el poder real de su pueblo y fracasó.

Confusión de jurisdicciones

Por su fines y patrimonios a cuidar como gobiernos de las ciudades, lo lógico es que los ayuntamientos dispongan de cuerpos del orden propios, no para competir con la Policía Nacional; no para usar armas de fuego sin prudencia y sin los métodos que impidan que algunos de sus miembros constituyan un peligro para la comunidad. La Fiscalía de Santiago hace abierta oposición a que allí existan hombres armados por decisión de la Alcaldía que sostiene tener derechos para hacerlo.

El conflicto debería llegar al Tribunal Constitucional para que diga la última palabra y siente jurisprudencia de alcance nacional, pues el de Santiago no es el único organismo edilicio que coloca guardianes bajo características policiales, por lo que alguna supervisión de los máximos organismos de seguridad debe existir sobre ellos.