Lo que hay es judicialización de la política, no politización de la Justicia

El momento que vive el país, con una Procuraduría General de la República que genera esperanza en varios sectores, algunos en extremo disímiles, permite reflexionar sobre el tema de la incidencia que pueda tener la Justicia sobre el discurrir de un sistema político en determinadas coyunturas, haciendo referencias a algunas experiencias de diferentes movimientos sociales/políticos que han intentado cambiar el sistema que en su momento han tenido de contexto.

En el balance que se hace sobre la acción de esos movimientos, generalmente se discute sobre el impacto que esta ha tenido sobre los sistemas políticos de sus respectivos países y su correspondencia o alcance con los sacrificios hechos para lograrlo.

De esos movimientos, Mani Pulite (manos limpias) a inicio de los 90 en Italia, fue el que llegó más lejos en su incidencia en el sistema político de su país. Ha sido una de las más claras expresiones de lo que en ciencias políticas se denomina judicialización de la política.

Una acción de la Justicia tendente a penalizar aquellos actos dolosos cometidos por actores políticos o empresariales, que por su generalización en la esfera de lo público se convierten en prácticas de prevaricación que acentúan la desigualdad, corrompen el principio de la participación y representación legítima de los ciudadanos y lastran la democracia.

En breve, cuando las acciones del poder judicial tienden a impactar más en el sistema que el Ejecutivo y el Legislativo.

La situación que vive la Justicia dominicana, luego de que esta sociedad haya superado un régimen de acusada vocación absolutista, de corrupto y corruptor, plantea el tema de la relación justicia y política, explicita en el concepto judicialización de la política.

Algunos, consciente o inconscientemente lo confunden con la politización de la Justicia, utilizándolo generalmente para defender implícitamente a personas ostensiblemente corruptas.

Además, es pertinente recordar el caso de Mani Pulite, que llevó a la cárcel a más de 5000 políticos y empresarios italianos por sobornos y financiación ilegal a algunos partidos, como momento en que la Justicia asume posiciones que más que las de otras instancias, produce cambios en el sistema.

Esta circunstancia es clave para que en la presente coyuntura tengamos una más objetiva, racional efectiva posición y acción frente al presente Gobierno.

En efecto, el seguimiento del proceso que lleva la PGR de manera independiente, hasta prueba en contrario, para llevar a los tribunales a personas acusadas de prevaricación y de ostensibles saqueos de los bienes públicos, de sobornos, de trasiego de dineros del erario para favorecer al partido de Gobierno y enriquecerse ellos mismos, constituye una acción de impacto potencialmente de cambio en los sistemas político y de partidos.

Por tanto, la experiencia que estamos viviendo con las acciones del Ministerio Público es de significativa trascendencia para el futuro del país; además, como acervo de la Ciencia Política y para el ejercicio del derecho público.

Igualmente, lo es para la reflexión y la acción política en coyunturas como la que actualmente vivimos, tratando de entender las razones últimas que han determinado que muchas experiencias de cambios practicadas en las últimas décadas no sólo no se han producido, sino que a veces se ha retrocedido.

En nuestro caso, apoyar la PGR es crucial para contribuir a que, en el balance global sobre la gestión del presente gobierno, sus resultados, en general, se correspondan con los esfuerzos desplegados por esa mayorá que apostó al cambio de régimen.

Actuales acciones del Ministerio Público son trascendentes para el futuro del país