Nunca ha sido una sorpresa. Lo normal, lo correcto, no suele ser lo que se haga en la República Dominicana, un espacio en el que lo prohibido parecería ser lo que más nos gusta. Y es que, si podemos hacerlo todo como nos parece, ¿por qué habríamos de cumplir las reglas?

Tan medalaganarios somos que en este sitio, que al parecer nunca alcanzará la categoría de país, que nos damos el lujo de que el 93% de los 8,783 centros de salud  que tenemos no cuente con  autorización para funcionar: un 19% de ellos son públicos, mientras el 81% restante son privados.

Amén de que los datos están desactualizados, ya que datan del 2003, esto nos revela lo mucho que nuestra salud le importa a las autoridades del área. Y es que, al permitir que todas esas clínicas y hospitales funcionen sin habilitación, están dejando que trabajen como mejor les parezca. Es decir, no hay garantías de que trabajen con rigor.

Por eso no es de extrañar que las clínicas y lugares de atención se reproduzcan con una celeridad que preocupa. Tampoco que la promesa de curar se venda al mejor postor en cuartitos sucios y desvencijados que deberían estar cerrados. Lo peor, sin embargo, es que el violador de reglas número uno es oficial. ¿Cómo se explica que la  mayoría de los centros habilitados sean privados? ¿Por qué Salud Pública, que regula esos establecimientos, no predica con el ejemplo?

En República Dominicana, definitivamente, es mejor no saber. Mientras más uno se empapa de la realidad, más le duele. Ahora toca rezar por no enfermarse. ¿Cómo saber  si nos darán salud o nos la robarán?