Lo  que  ha  impedido un desarrollo más equilibrado, sostenido e institucional de nuestra democracia se debe a que buena parte de las autoridades y políticos con  responsabilidades en la conducción del gobierno, los partidos y los diferentes estamentos donde se toman las decisiones y se establecen los canales de conducción de nuestro sistema, no han actuado con verdadero espíritu democrático, ni respetado  la institucionalidad.

Esas formas de proceder han sido provocadas por actitudes grupales o personales,  alimentadas por pasiones, desconocimiento o confusión, pretendiendo  acomodar las situaciones  a sus propios criterios o conveniencias, aplicando metodologías que algunos teóricos podrían llamar “Confusiocracia”.

  Actuaciones de esa índole, van regando  la semilla de la duda y abonando el terreno de  la incredulidad en el sistema que les ha servido de peldaño a muchos de los actores o dirigentes para alcanzar las posiciones que ocupan, creando  el ambiente ideal para que la cosecha sea la rebeldía contra la propia democracia que no han sabido respetar.

 Igual como acertadamente planteó antes de ayer  el Dr. Emanuel Esquea acerca de la Junta Central Electoral, en el momento mismo en que se hizo la designación de los nuevos jueces, tanto el comunicador y analista Juan Bolívar Díaz como Participación Ciudadana lo advirtieron, pero  nada ocurrió.

Esas actitudes de inobservancia a los principios democráticos, van creando en la población la idea de que la Constitución, las leyes y los reglamentos son para violarlos. Y aunque voces independientes y con autoridad política y moral lo denuncian o adviertan, nada sucede.

Los organismos árbitros del sistema democrático deben estar dirigidos por personas libres de sospechas partidarias, pero no ocurre así.

Como consecuencia, cuando se toman algunas decisiones que mueven a suspicacias razonables en la oposición, se crean conflictos como el que actualmente confronta  la Junta Central Electoral, y eso hay que corregirlo de plano.El PRD como partido  mayoritario reclama claridad en el proceso organizador de las elecciones y hay que ponerle atención, no por proceder  de una demanda  opositora, sino porque así lo exija la prudencia y la limpieza del proceso electoral, pues la democracia está por encima del Gobierno y los partidos, y quienes reniegan de ella  no  pueden llamarse demócratas. Algunos podrán entender que estoy equivocado, porque no es asunto gubernamental, pero como el Presidente de la República tiene  suficiente influencias en su partido y en las autoridades de la Junta Central Electoral,  debe    contribuir urgentemente a solucionar este conflicto y no dejarlo solo en manos de Monseñor Agripino Núñez Collado y los delegados de los partidos. El período navideño es oportuno.

Porque aunque la gente vota y se  aceptan las instituciones, ya con algunas reservas, si   continúan irrespetando los mecanismos institucionales que la propia democracia establece, en vez de  gobiernos civiles, congresos y slogans de campañas  cada cuatro años, en poco tiempo, esa misma cúpula hasta ahora favorecida, está expuesta a escuchar el  rechinar  de dientes de un pueblo, que soporta, pero se cansa.