En diversos sectores de la vida social, económica y política del país se vive la pesarosa certidumbre de  que esta insoportable situación de limbo perenne en que como sociedad hemos caído, no tiene visos de ser superada a breve plazo, a menos que un inesperado acontecimiento nos sacuda de la modorra y se desarrolle una tendencia de claros signos de cambios. La percepción de muchos es que esta situación se mantiene y  sostiene por la inexistencia de una oposición al gobierno de turno.

Sin embargo, en términos esencialmente formales, se podría calificar como ejercicio de oposición las constantes  críticas que hacen diversos dirigentes políticos de los partidos contrarios al gobierno, al igual que algunos del  partido de gobierno. La proximidad de las elecciones presidenciales y la lucha por la nominación de los candidatos  para dichas elecciones determina que muchos alcen sus voces.

Ese ejercicio de oposición coyuntural no despeja la paradoja de la existencia de una  incertidumbre sobre el futuro del país por la certidumbre de que no se percibe ninguna opción de cambio al presente estado de cosas. Opción, en términos políticos,  no es simplemente la escogencia de una cosa en lugar de otra, sino algo sustancialmente diferente. La gente no percibe en ninguno de los eventuales candidatos una voluntad de ruptura y en política, sin ruptura no se construye un sentimiento colectivo de cambio real.

Por ejemplo, no basta con que un partido o cualquier candidato denuncien la corrupción que campea en todas las esferas del presente gobierno. Para que sea percibido como opción de cambio es necesario que diga qué hará con el sistema de corrupción institucionalizado como forma de ejercicio de poder y más que eso, que diga qué hará con el corrupto denunciado una vez llegue al poder.

Si hará que se cumpla el artículo 146 de la Constitución que dice en su numeral tres que “Es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente”.

A ese propósito, dos mujeres, dos excepcionales periodistas, han documentado profusamente los  nuevos bienes de numerosos funcionarios públicos, han denunciado la forma en que los Bienes Nacionales devienen bienes familiares, cómo se ha generalizado la prevaricación en ministerios y organismos descentralizados, cómo el Superintendente de Seguros derrocha los dineros del pueblo en comidas y bebidas en restaurantes y en otros sitios públicos, entre otros gastos. En esos casos, se hará valer el artículo de la Constitución arriba citado?

En tal sentido, el generalizado sentimiento en la sociedad dominicana de que no hay opción, es porque  ninguno de las propuestas o propuestos como alternativas para salir del limbo expresan una clara ruptura con el estado de cosas actual. Por eso, hasta ahora, ninguno de los candidatos a la presidencia concita un sentimiento de esperanza, una opción de poder diferente, independientemente de que haga o no oposición.