MANUEL QUIROZ 
Aun con todas las normativas legales que garantizan el derecho a la protesta, existe un principio transjurídico que, ejercido con sentido de responsabilidad social compartida, debía llevar a las organizaciones gremiales y a otros sectores a ponderar serenamente cualquier acción que pueda afectar el interés de la colectividad nacional. Es claro, sin embargo, que para actuar con esa visión se requiere un alto compromiso con valores que trascienden el siempre angosto interés grupal y particular, independientemente de la justeza o pertinencia de reclamos y planteamientos que puedan hacerse en un momento dado.
Imbuido de esta mística y desechando cualquier acción fuera de lugar, el inicio del año escolar en las escuelas públicas tiene que ser garantizado para que la legión de estudiantes de escasos recursos que acude a esos centros no pierda clases y aproveche a plenitud la docencia y los programas de escolaridad, ahora con la modalidad de la tanda extendida.
A pesar de que el Ministerio de Educación y la propia Asociación Dominicana de Profesores (ADP) han asegurado que no habrá problemas al respecto, persiste algún grado de inquietud en torno al diferendo, aún no del todo resuelto, con relación a la auditoría practicada a la nómina de los maestros.
En algunas zonas del país profesores han incumplido con el compromiso que tenían de participar en unos talleres organizativos previos a la reanudación de la enseñanza en los planteles públicos, una tarea que se consideraba útil e indispensable y que el magisterio debía ser el primero en respaldar plenamente.
Los profesores no pueden defraudar a padres y madres que, en muchos casos haciendo grandes sacrificios e incurriendo en deudas por encima de sus posibilidades, hicieron gastos extraordinarios en libros y útiles escolares que son cada día más costosos.
La auditoría realizada por Educación ha puesto de manifiesto una práctica a todas luces anómala que debería merecer la más absoluta condena, en lugar de quejas y justificaciones: el cobro que realizaban los llamados profesores “botellas” sin realizar labores docentes.
Educación ha cumplido con su obligación de transparentar la nómina de maestros, bloqueando las cuentas a quienes se ha detectado que cobraban sin trabajar y por esa acción debería recibir apoyo por enfrentar una práctica ilegal e inmoral.
Lo lamentable es que no haya sido detectada con anterioridad, probablemente porque se arrastra de la gestión que le precedió, pero en algún momento las cosas tenían que ser puestas en orden, duélale a quien le duela.
Si una revisión posterior y más detallada de la nómina puede arrojar algunos errores, o sea la exclusión de profesores verdaderos que sí trabajan, es claro que deben hacerse las rectificaciones de lugar y creemos que Educación no se opondrá razonablemente a ese acto de justicia, luego de las comprobaciones de lugar, porque su obligación y objetivo no es crear inconvenientes sino corregir anomalías.
Pero aquellos aprovechados o avivatos que recibían salarios sin dar un golpe, conscientes de que se apropiaban indebidamente de esos recursos, tienen que recibir una sanción mayor que la simple exclusión de nómina. Deberían responder penalmente por prestarse a tan deleznable comportamiento y además se les debería exigir la devolución completa de los montos retenidos en usufructo.
De lo contrario se habrá sentado un ejemplo muy negativo de que el dinero del fisco, vale decir del contribuyente que paga religiosamente sus impuestos, no tiene dolientes que den la cara porque con sus fondos se cubre el presupuesto que sirve de sustento a los sueldos en la administración pública.
La Cámara de Cuentas y otras unidades fiscalizadoras deberían aprovechar este caso para depurar nóminas con un cotejo exhaustivo en otras dependencias, no vaya a darse el caso que, además de gente que cobra sin trabajar, algunos vivos estén aprovechándose con nombres de muertos para percibir emolumentos, lo que sería tema para cualquier novelista atraído por las cuestiones insólitas.
