El presidente de la JCE, Roberto Rosario, ha sido consistente  en su negativa a recurrir a las facultades que le confiere la Constitución  para garantizar la celebración de elecciones equitativas  y transparentes, desoyendo sugerencias en ese sentido de juristas y expertos constitucionalistas, pero también de miembros titulares del organismo como los doctores  Eddy Olivares y José Angel Aquino, con lo que ha dejado la impresión de que no le interesa controlar esa parte tan sensible del proceso electoral así como legítimas  sospechas sobre las verdaderas razones detrás de esa actitud. Y como la suspicacia es libre, y el presidente  de la JCE, para los que lo habían olvidado, es miembro  “en licencia” del Comité Central del PLD, no se puede culpar a quienes asocian su renuencia a cumplir el mandato constitucional  a su interés de favorecer al partido al que regresará cuando concluyan sus funciones públicas. El inicio formal de la campaña electoral, y el ostensible despliegue  de recursos de los candidatos oficialistas, empezando por un Presidente de la República que aspira a reelegirse en el cargo, ha reavivado  el reclamo de los partidos de oposición, pero hasta el día de ayer el presidente de la JCE se mantenía renuente a mover un dedo para impedirlo,  bajo el alegato de que no contamos con  una Ley de Partidos. ¿Que lo hizo flexibilizar su posición? La petición del presidente Danilo Medina de que el organismo electoral supervise sus actividades proselitistas, a lo que el doctor Rosario acaba de acceder. La noticia, desde luego,  es buena,  pero deja muy  mal sabor el hecho de que los reclamos  de la oposición  y otros sectores le entraran por un oído  y le salieran  por el otro al presidente de la JCE, y bastó  que  el presidente-candidato abriera la boca para que se muestre dispuesto a garantizar, dentro de “sus limitaciones”,  que estos comicios serán los de mayor nivel de equidad que se hayan celebrado en el país. ¿Moraleja? Cuando Rosario quiere se puede.