En su indefensión, cuando la impotencia les alza los brazos al cielo, oímos exclamar a pobres y marginados: “Dios hará justicia”. ¿Una amenza? ¿Una esperanza? La expresión de su rostro revela si clama por un castigo o si aún no ha sido víctima de la desesperanza y espera un cambio: el imperio de la justicia social y la equidad en República Dominicana.

Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no, si todavía no hemos perdido la gobernabilidad como en otros países ha ocurrido, como ya nos han advertido? ¿Por qué no, si aún estamos a tiempo? Por supuesto, si la razón y el humanismo se imponen sobre las ambiciones y el individualismo.

De ser así, no hay tiempo que perder. Sin demora reencaucemos los pasos hacia una economía al servicio de la gente, tomemos el camino que conduce al crecimiento económico con altos índices de desarrollo humano, al que se llega por la puerta de la educación, de la salud y el empleo, del trabajo productivo, creativo. Sin duda, la llave maestra hacia la movilidad ascendente, hacia el bienestar social.

Empecemos a transitar, sin desvíos, la ruta que conduce al ahorro interno, a la productividad y competitividad, con un óptimo aprovechamiento del potencial humano, de los recursos naturales y tecnológicos.

Concertación. Llegó la hora de la concertación, de que el Gobierno central y demás instituciones del Estado, ayuntamientos, los agentes económicos y toda la sociedad decidan hacer lo que nunca se ha hecho:

Poner en marcha un modelo de desarrollo que descontinúe los tradicionales esquemas clientelistas. Asumir sin temor el costo político que implica, consciente de que a la postre se traduciría en popularidad.

Reencauzar los pasos de las reivindicaciones sociales para revertir las tendencias que nos han enquistado en un modelo económico generador de desigualdades extremas, buscar la inexistente conexión entre el crecimiento económico y el desarrollo humano.

Llegó el momento de poner en marcha las reformas estructurales, integrales, orientadas a un crecimiento económico inclusivo tendente a una movilidad social ascendente que reduzca la pobreza, fortalezca y amplíe las capas medias.

En fin, tomar la senda donde el desarrollo humano sea el eje principal, en la que el sector privado asuma su responsabilidad social empresarial. La ruta por la que podríamos lograr la calidad de vida para toda la sociedad. Es posible lograrlo, ¿por qué no? Nos falta la voluntad política para recorrerlo, el coraje para tomar acciones contundentes contra la corrupción y falta de transparencia, la fragilidad institucional y las limitaciones estructurales que traban la justa distribución de la riqueza.

Calidad educativa. El portal educativo está entreabierto, preciso es abrirlo de par en par para ganar calidad, elevar los índices académicos con una mejor formación profesoral. Erradicar la deserción escolar y repitencia, dar contenidos a la jornada extendida y a todo el sistema, desde el preescolar a la universidad. Promover carreras técnicas y otras especialidades en coordinación con las necesidades de los centros laborales. Vencer la brecha entre lo aprendido en la academia y las capacidades que requiere el mundo productivo y ocupacional.

Falta un gran trecho. A pesar del 4%, del incremento en la construcción de escuelas y en la matrícula escolar, el uso ineficiente de las asignaciones presupuestarias sigue obstaculizando el sistema educativo.

Es inmenso el rezago en salud, en los sectores de agua potable, electricidad, vivienda y transporte, lo que implica ganar mayor inversión y eficiencia en el gasto social.

Es insuficiente, tanto que al comparar la tendencia del gasto social en América Latina y el Caribe, economistas sostienen que el promedio regional simple supera en 77% el del país en 2013-2014, a pesar del aumento del 4% en educación desde 2013.

Competividad. No obstante el buen desempeño económico en 2014, el país poco ha avanzado en competividad, obstaculizada por la debilidad institucional.

Es preciso incrementarla, aumentar la cadena de valor, la redistribución del desarrollo económico y acceso al mercado para las industrias y pequeñas empresas. En la medida en que esto se logre aumentaría la competividad y, por ende, empleo de calidad, mejores salarios.

Asimismo, aplicar políticas de desarrollo productivo que expandan las oportunidades laborales, fomentar el crecimiento de los sectores económicos que generan mayores fuentes de empleo y pagan mejores salarios. Por ejemplo, un 20.9% del repunte macroeconómico obedeció al auge de la minería, que aporta apenas el 0.5% de los empleos y 1.6% al Producto Interno Bruto (PIB).

La vía del ahorro. En tiempos de vaca gorda, como los últimos decenios, el Gobierno se entregó al dispendio, siguió encadenando a préstamos, inclusive para pagar viejas deudas.

Llegó la hora de reducir los gastos corrientes -un 85% del Presupuesto- en alta proporción consumidos por la burocracia, el servicio de la deuda y subsidios, entre ellos el ineficiente y corrompido sector eléctrico.

Es tiempo de reencauzar los pasos hacia el ahorro interno que frene el endeudamiento desbordado y nos libere de ataduras crediticias que hipotecan el país, manteniendo la economía intervenida por los acreedores. El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio el alerta, advierte el desborde en préstamos, un 51 por ciento del PIB.

Y al efecto recomienda contenerlos, apretar los controles del gasto público, buscar la estabilidad financiera que permita al país honrar sus compromisos de la deuda.

Sugiere eliminar el déficit del sector público no financiero en un plazo de tres años. El Gobierno logró un menor déficit fiscal, pero se incrementó el cuasifiscal por incumplimiento de la capitalización del Banco Central.

Reforma fiscal. Orientarla a garantizar la sostenibilidad fiscal, la equidad en el régimen tributario, implementando un régimen fiscal más progresivo, que no se traduzca como siempre en nuevos gravámenes para la población, que no resiste nuevos impuestos.

Diseñar un sistema que grave más la riqueza y la propiedad y menos el consumo y los salarios, un modelo que apunte a una mejor redistribución de la renta. Y haga posible un comportamiento más dinámico de los ingresos fiscales, aplicando con mayor rigor medidas contenidas en la ley 253-12 para el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria.

Asimismo que tienda a erradicar la evasión y elusión tributarias y a la disminución o eliminación de exoneraciones fiscales improcedentes.

Un sistema fiscal justo y equitativo, que cumpla con la función redistributiva del Estado, con un gasto público suficiente y estable para financiar servicios sociales básicos de calidad.

¡Adelante! Aún estamos a tiempo. No hay tiempo que perder, un poco más y será tarde.