MANUEL QUIROZ 
La palabra institucionalidad ha sido tan usada e invocada en el país, no siempre con autenticidad y una genuina intención de alcanzar causas provechosas para el bien común, que ya pocas personas se emocionan y creen en ella. Es un fenómeno de descreimiento creciente similar a lo que acontece frente a aquellos que tienen el descaro, la burla y la suprema irresponsabilidad de jurar en vano.
En la práctica y fuera de declaraciones de intenciones y de fementidos propósitos de autenticidad que se quedan en simples pronunciamientos retóricos, este penoso fenómeno ha impedido lograr un mayor fortalecimiento de las instituciones y de las políticas públicas, aunque es justo reconocer que en las últimas décadas se han registrado avances en algunas áreas.
Este preámbulo es a propósito de las expectativas, preocupaciones y hasta incertidumbre en diferentes sectores de la sociedad y no solo de la llamada clase política, en torno a cómo culminará el proceso a que está abocado el país para elegir a los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia.
Visto con un enfoque optimista que ojalá influya en los sectores de influencia determinante y pensando en la necesidad de fortalecer el proceso de adecentamiento de la vida pública, podríamos tener por delante una gran oportunidad para revertir la lamentable pero realista percepción de que el avance institucional es aún limitado y que los efectos son más visibles en la estructura burocrática y en la forma en que operan las llamadas altas cortes.
El país y sus figuras más predominantes no deberían perder esta coyuntura para insistir en la necesidad de que se seleccione, libre de presiones y condicionamientos ligados a intereses particulares y espurios, una Suprema Corte integrada íntegramente por magistrados honorables e independientes, que respondan únicamente a su conciencia y que estén claramente identificados en la defensa de principios y valores de justicia y equidad.
De acoger este llamado, que recoge el sentimiento y el deseo de diferentes sectores representativos, entre los cuales se destaca por su recta y positiva trayectoria la Fundación Institucionalidad y Justicia, además de fuerzas vivas de la nación, se haría un eminente servicio a la institucionalidad nacional y en última instancia los grupos políticos y partidarios figurarían a la postre entre los mayores beneficiarios si logramos reglas de juego confiables y transparentes y una sana administración de justicia a todos los niveles.
Si se logra llevar a la Suprema Corte jueces no solo competentes en términos académicos, con probada experiencia jurídica y notables por su seriedad e independencia de criterio, capaces de resistir presiones e influencias malsanas, los beneficios para el país serían significativos, ya que el más alto tribunal estaría de ese modo en capacidad de cumplir con mayor eficacia su delicada misión de vigilar y supervisar de cerca la labor de los demás magistrados del estamento judicial, y no solo desde un aislado e infuncional organigrama.
Con la instalación de un buzón en el cual los ciudadanos e institucionales podrán depositar sus propuestas, observaciones y objeciones hasta el 28 de febrero en cuanto a los potenciales candidatos para la reestructuración de la Suprema Corte, se ha querido enviar una señal de que el proceso se encamina a un verdadero sistema de renovación en el sistema de justicia, pero esto no basta y necesitará ser confirmado por palpables resultados en que definitivamente quede erradicada la posibilidad de manipulación y favoritismo.
