El precio del metro cuadrado de una vía pública en pleno centro de la ciudad es incalculable. Una porción de calle en Naco, como una fritanga de comida criolla en la Presidente González; un estacionamiento en acera y calle para un restaurante en la Ciudad Colonial. Una vía de alto tráfico, un taller de mecánica, una venta de repuestos con taller incluido, una venta de gomas con el cambio en plena calle, en la Independencia, son de un valor considerable.

Lo del precio es un problema, pero parece más difícil determinar quién autoriza y cuánto cobran en cada caso.

También existen “zonas de tolerancia” para ciertos negocios en cuyo frente nunca se ha visto un AMET, como en la esquina Lope de Vega con Carlos Sánchez, frente al Supermercado Nacional, donde frecuentemente se hacen giros en U en plena calle, dando reversa para completar la acrobacia, creando entaponamientos y peligros sin ser siquiera amonestados.

Hay casos como el de la calle Las Caobas con Charles Summer, en el que enormes camiones de la Coca Cola, en plena vía, estacionan varios vehículos paralelos, mientras empleados y choferes hacen trasbordes, entorpeciendo la circulación. Un poco más adelante, un tráiler tipo vivienda desde hace meses es usado de almacén por una compañía, hecho denunciado a oficiales de AMET en varias ocasiones. La parada de taxis en el desemboque de la calle Hijas de María con la John Kennedy afecta en flujo de las dos céntricas vías.

Diariamente, en la Charles Summer, próximo a la Doctor Defilló, hay cuello de botella en sentido este-oeste debido al estacionamiento y uso diverso de dicha vía.

Tiempo atrás las autoridades de AMET corrigieron temporalmente esa anomalía.

Pero más difícil puede resultar el determinar quién otorga esos permisos, o quién recomienda hacerse de la vista gorda. El tema es el de si esos espacios se van a “concesionar” de facto, si se van a otorgar discrecional o medalaganariamente; o si el Ayuntamiento o alguna entidad del Estado deberá colectar esos alquileres, porque lo dudoso es que estas privatizaciones sean completamente gratuitas.

Lo cual se trataría de corrupción administrativa. Hay casos de calles estrechas que se hacen intransitables por los negocios y por los estacionamientos.

El Gobierno debe determinar si esos espacios están siendo cedidos por pura gratuidad, o a cambio de algún pago o tarifa, y de parte de qué institución o de qué personas. Por la actitud de los agentes y la respuesta de funcionarios, parece que hay una situación de “dejar hacer”.

Pero si es que estos espacios no pueden ser destinados para lo que la ley establece, esto es, vías de circulación, deberían establecerse qué criterios utilizarán las autoridades para hacerlos de uso privado.

En todo caso, si es cuestión de tarifas o de gratuidades, sería conveniente transparentar los criterios para adjudicar estos permisos o tolerancias, y definir qué tipo de ciudadanos tienen derecho a solicitarlos, y quiénes a otorgar estos “proventos anómalos” en la vías públicas, y en cuales lugares y municipalidades del país.