La lucha política puede entenderse como una lucha por la creación y asignación de la riqueza de un país; un juego estratégico entre quienes hacen los negocios, quienes distribuyen los recursos de la actividad productiva y en las proporciones. Más concretamente: la lucha política tiene que ver con el presupuesto nacional, tanto en lo que concierne al gasto como en lo que concierne a los ingresos: las ideologías, el manejo del conocimiento, y el debate político terminan siendo una batalla por él.
Para explicar el funcionamiento de los mercados, Paul Samuelson había equiparado el dinero a votos, en ánimo de ilustrar cómo se formaban los precios en una economía de mercado. Sin embargo, el ejemplo en caso extremo, lleva a la pregunta ¿Qué pasa con los mercados imperfectos? Por lo pronto, nos interesa señalar que si se tienen muchos “votos económicos”, habría la posibilidad de influir -a conveniencia de quien los concentra – en las decisiones económicas importantes, como en la actualidad es en nuestro país la discusión alrededor del tema impositivo.
En este debate es común encontrarse con que un sector productivo o algunos sectores sociales se resisten a más impuestos bajo dos afirmaciones: primero, la concentración de los impuestos en pocos sectores, relativamente. Y segundo, la malversación por corrupción o mala administración de los impuestos recaudados. No es mi intención entrar en la validez de esos argumentos. Busco, por el contrario, establecer un consenso en materia de gasto. ¿Tenemos claro cuál es el país que queremos? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuáles son esos consensos?
El primer consenso sería que los fondos públicos deben administrarse correctamente, la corrupción debería castigarse ejemplarmente y la calidad del gasto debe mejorarse. Otro consenso sería determinar el objeto del gasto. Si tomamos los diarios, las encuestas y los programas de opinión, es obvio que hay una demanda por mejoría en los sistemas preventivos y represivos de seguridad ciudadana. Eso supone aumentos salariales razonables a los agentes del orden, modernización institucional y más tecnología, más gasto corriente (combustible, dietas, recursos). También hay demanda por mejorías en el sistema de salud; no sólo en la infraestructura, sino en los medicamentos, equipos y materiales gastables de la red de hospitales públicos. Los prestadores de servicios de salud demandan aumentos salariales importantes.
Hay otros gastos que están establecidos por ley, como la Ley de municipios y el 4% de la educación; ambos en el espíritu de que la sociedad pueda recibir mejores servicios municipales y mejor calidad educativa para todos. El 4% de educación es una determinación del Gobierno.
El presupuesto total para el 2016 es de más de 566 mil millones de pesos; la asignación en educación asciende a un monto de más de 129 mil millones de pesos, equivalente a más de 20% del presupuesto total. Tal como se ve, sólo este renglón es suficientemente importante en el presupuesto para demostrar que el país que queremos requiere de mayores esfuerzos económicos para el desarrollo de la educación. Si además sumamos la cantidad de parajes, municipios, áreas turísticas que esperan por más recursos, o la educación superior, la UASD, y ni hablar de los temas de la inexistente investigación científica, o de prevención de catástrofes, tendríamos montos todavía mayores.
El país que queremos tiene un costo; empecemos por poner un monto, aún sea ideal. Así podemos llegar más rápidamente a un sincero pacto fiscal.