La delincuencia se explica por múltiples causas, sin embargo, su control es un problema de Estado, ya que para enfrentarla se requiere de políticas de seguridad públicas bien definidas. La lucha contra la delincuencia demanda instituciones para enfrentarlas, tecnologías y equipamiento modernos, así como una adecuada infraestructura. Por eso cuando hacemos la pregunta, es necesario ver lo que queda del patrimonio de las instituciones públicas.

Para empezar, las estadísticas de la Policía de los tres decenios no sirven para ofrecer los costos directos de la criminalidad; de hecho, no pueden ser utilizadas por el gobierno que dispone recursos para tener una ciudad más segura.

Métodos como las encuestas entre la población, sobre actos de los que han sido víctimas, y los sondeos que tratan de evaluar la sensación de seguridad en las personas, todo ello indica que la situación no ha dejado de deteriorase, y que debemos pensar en cuánto estamos dispuestos a gastar para prevenir la violencia criminal. Pero primero hay que saber cómo se mide su costo.

En primer lugar, los costos directos de la delincuencia miden el valor de los bienes y servicios empleados para enfrentar los efectos de éstos y/o prevenirlos con el uso de escasos recursos públicos y privados disponibles en el sistema de justicia penal, los servicios policiales, encarcelamiento, servicios médicos, vivienda y servicios sociales.

Los costos indirectos incluyen la pérdida de oportunidades de inversión, los ingresos no percibidos por las víctimas de la delincuencia y la violencia. Carecemos de un Centro de Investigaciones del Crimen y la Violencia  para ofrecer los porcentajes del PIB y otros datos.

Los costos no monetarios miden los efectos no económicos que la delincuencia y la violencia causan a las víctimas y se evalúan, creo, tomando en cuenta el aumento de la morbilidad (enfermedades o resultantes de la violencia, como la discapacidad y las lesiones mentales), el aumento de la mortalidad a causa de homicidios y suicidios, abuso de alcohol y drogas, así como de desórdenes depresivos, entre otros.

Los efectos multiplicadores económicos miden las consecuencias generales que tienen la delincuencia y la violencia en la situación macro-económica del país, el mercado laboral y también las consecuencias de productividad intergeneracional. Aquí urgen algunos ejemplos, como por qué las víctimas de la violencia doméstica presentan tasas más altas de ausentismo, tienen más posibilidades de ser despedidas de sus empleos y la violencia doméstica afecta su poder adquisitivo. En fin, no sabemos cómo medir nuestra propia delincuencia.