La Universidad Autónoma de Santo Domingo permanece en primer lugar en número de inscritos para la educación superior como opción válida por el prestigio logrado en su larga e histórica vigencia y sus bajos costos y requisitos para los estudiantes como centro de mayor compromiso con el fin social de formar profesionales. Sus crecientes obligaciones e insuficiencias justifican que reciba un presupuesto mayor en el 2019 para impulsar la calidad docente afectada precisamente por la sobrepoblación de alumnos en instalaciones que deben ser ampliadas y reunir mejores condiciones para un profesorado reducido en su efectividad por la estrechez y el exceso de labor que van contra la planificación efectiva y el perfeccionamiento pedagógico.

Aunque la inversión en lo académico debe responder a necesidades, no puede pasarse por alto la preocupación que sus propias autoridades admiten sobre el peso de una infraestructura burocrática que supera lo razonable. Es una casa de estudios estatal y de libre exposición a influencias que debe protegerse ciento por ciento de intereses no académicos o de inspiración política que en su escenario se mueven con una dinámica permanente de búsqueda de puestos en nóminas y cuotas de poder. Resulta de imperiosa necesidad que la UASD se revise administrativamente para dar el mejor uso posible a lo que recibe de los contribuyentes.

Perfeccionar las regulaciones

Existe la decisión oficial de reducir trabas y agilizar procesos que faciliten a propios y estaños la creación y desenvolvimiento de negocios en República Dominicana. En términos generales las condiciones para invertir son favorables pero en esta globalización las comparaciones pesan mucho y cualquier país estructuralmente más apto para iniciativas empresariales alcanza más altas metas de desarrollo.

La economía tiene que ser liberada de tramitaciones engorrosas y requisitos desfasados de una burocracia que se demora en trámites simples para construcciones y operaciones de capital. Deben superarse ambigüedades e inconsistencias jurídicas como señal de que las instituciones dominicanas pasan las pruebas que imponen los tiempos y reconocen la necesidad de incentivar actividades productivas.