¿Cuántos informes van?

¿Cuántos informes van?

El problema no es lo que dicen los informes sino qué se hace con ellos. Una y otra vez y cada cierto tiempo, se destapan esos graves males que afectan a la República Dominicana y que solo sirven para alimentar a medios y comunicadores en sus análisis y especulaciones. Ya sea en los informes del PNUD, en las encuestas de CESDEN o en las frecuentes investigaciones patrocinadas por organismos regionales y ONG, siempre se termina en lo mismo. El país va por mal camino en casi todo y el Gobierno por un camino peor.

¿Que el clientelismo es uno de los grandes males de la sociedad, como lo destaca el informe del PNUD titulado POLITICA SOCIAL: CAPACIDADES Y DERECHOS?  Eso se ha dicho hasta la saciedad, pero el voto de esos que se benefician del clientelismo, que ya sobrepasan los dos millones de personas,  decide que “e’pa’lante que vamos”.

Dos días después de la presentación de dicho informe, el Gobierno anunciaba la entrega de otras 1,800 tarjetas de bonogás. Por su parte, la destacada comunicadora Nuria Piera presentaba evidencias de que un millón de personas adscritas al PLD (CB) recibe un salario mensual del Gobierno mediante pago electrónico, sin ser empleados. Mientras tanto, hace apenas tres días se anunciaba que 811 mil personas se benefician de la Tarjeta de Solidaridad, cuyos poseedores, en su mayoría, son también miembros del partido gobernante.

¿Y con esa estructura clientelista puede funcionar una democracia o un Estado de derecho? ¿Se puede hablar de elecciones libres bajo estas circunstancias? ¿O pueden alcanzarse metas de desarrollo humano, especialmente en educación y salud, cuanto todo el dinero se malgasta en esta vagabundería proselitista? 

Pero eso no es todo. La nómina pública está por encima de las 500 mil personas absorbiendo el 30% del presupuesto. Eso no incluye las nominillas que se pagan en ciertas instituciones mediante contratos fantasmas y otros artificios administrativos. Nos referimos a personas que cobran por su fidelidad peledeísta, entre 20 mil y 200 mil pesos en instituciones como Obras Publica, Agricultura, la Presidencia  y en casi todas las descentralizadas que generan ingresos propios o ejecutan grandes proyectos de inversión con fondos prestados. De ahí también sale el dinero para promover el transfuguismo, donde la traición de un conocido político de oposición puede costar hasta 30 millones de pesos, sin incluir otros beneficios.  

Pero el mayor peligro de esta práctica antidemocrática es que también ha contaminado a los medios de comunicación, donde el Gobierno invierte cada año hasta 7 mil millones de pesos para comprar voceros, neutralizar las críticas y promover su gestión.

¿Puede este tipo de estudio ser utilizado por el Gobierno como información objetiva y útil para sus políticas públicas y planes de desarrollo? Si esa es la idea, como dice el PNUD, entonces no servirá para nada ya que eso jamás se logrará en un Gobierno del PLD. Esa sería una negación a su propia razón de ser y de existir.

Pero todo no termina aquí.

Aunque el estudio del PNUD fue patrocinado por el Ministerio de Economía  y Desarrollo y el propio Temístocles Montás avaló sus resultados, otros miembros del PLD lo han cuestionado  “pegando el grito al cielo”.

Descalifican sus resultados porque no les favorece, pero cuando ellos dan sus propios datos, siempre maquillados y tergiversados, entonces despliegan su gran poder mediático para convencer a un pueblo sumido en la miseria y la ignorancia, de que el país se encamina por un sendero de progreso y bienestar.

Felicitaciones al PNUD por su excelente trabajo, pero ¡por favor!, no nos hagamos ilusiones.

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