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Una jueza federal de Estados Unidos condenó a un administrador de fondos de Miami a casi cuatro años de prisión por su papel en una confabulación de 1.200 millones de dólares para malversar fondos de la compañía petrolera estatal de Venezuela PDVSA. Los fiscales buscaban una sentencia mucho más dura contra Gustavo Hernández Frieri, argumentando que los engañó sobre sus activos y negocios después de declararse culpable en 2019 de un solo cargo de asociación ilícita para el blanqueo de dinero.
Sin embargo, la jueza Kathleen Williams resolvió a última hora del viernes que el papel de Hernández en la asociación ilícita no justificaba la sentencia de casi 10 años que pedían los fiscales, ya que no estuvo involucrado en el plan original de sobornos. Sin embargo, la jueza sí reprendió a Hernández por faltar a su promesa, que hizo como parte de su acuerdo de culpabilidad, de ayudar a los fiscales a localizar y confiscar 12 millones de dólares en activos, el equivalente a la cantidad que manejó a nombre de un ejecutivo corrupto de la gigante petrolera PDVSA.
Hernández es apenas el segundo individuo sentenciado como parte de la operación Money Flight, una investigación importante sobre cómo varios empresarios sobornaron a funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro para desviar miles de millones de PDVSA a través de acuerdos falsos de divisas. Las ganancias fraudulentas se canalizaron a través de empresas fantasma y cuentas bancarias en Suiza, Malta y Hong Kong antes de ser ocultadas en propiedades inmobiliarias de lujo en Miami, España y otros lugares.
Los abogados de Hernández argumentaron que él había tenido una vida significativa, dedicada en parte a la filantropía, hasta que un informante que trabajaba bajo la dirección de investigadores federales estadounidenses se le acercó para mover fondos a nombre de Abraham Ortega, un funcionario de PDVSA que aceptó sobornos y quien también se declaró culpable. Menos del 1% de los 1.200 millones de dólares identificados como parte de la operación Money Flight tocaron alguna vez las manos de Hernández. Algunos de los fondos depositados en su empresa, Global Security Advisors, procedían de una cuenta encubierta controlada por el gobierno de Estados unidos.
Los abogados defensores también señalaron las 10 reuniones que tuvo con los investigadores como muestra de su cooperación. “Esto no es el núcleo del lavado de dinero”, dijo el abogado defensor Michael Pasano. “Desde la perspectiva del dinero, es un `blip’ en la pantalla”. La jueza Williams reconoció la gran cantidad de cartas que había recibido destacando el trabajo de Hernández en nombre de Techo, una organización sin fines de lucro dirigida por jóvenes que construye viviendas para personas de bajos ingresos en América Latina.
Como vicepresidente de una filial estadounidense del grupo, Hernández amplió drásticamente la capacidad de recaudación de fondos de la organización. No obstante, Williams dijo que se sintió “fustigada” por la aceptación de Hernández de su responsabilidad en el delito mientras disminuía su responsabilidad en el plan ilícito general. “Desde su declaración, el señor Hernández ha hecho más para ocultar quién es que para revelar quién es”, dijo Williams.
Los fiscales se quejaron de que mientras estuvo en libertad condicional, los informes mensuales de Hernández sobre la actividad posterior a su detención no mencionaban los tratos con Raj Bhakta, un antiguo concursante de “The Apprentice”, el programa de telerrealidad que en su día protagonizó Donald Trump. El propio Bhakta no ha sido implicado en ningún delito, pero los fiscales dicen que las inversiones debieron haber sido declaradas. El año pasado, ambos unieron esfuerzos con la exesposa de Hernández para lanzar una empresa que vendía carne de una granja de Florida, propiedad de Bhakta. Los amigos de Hernández han descrito la empresa como un intento de mantener a su familia mientras él estaba detenido.
Los fiscales dijeron también que Hernández dio pasos para darle a su exesposa su participación en un fideicomiso que posee una casa de 2,7 millones de dólares en Coral Gables, un suburbio frondoso de Miami. Los dos se divorciaron poco después del arresto de Hernández, pero viven juntos en esa casa, cuyo control, junto con una casa en Brooklyn, se disputa en un caso relacionado de decomiso. Ortega, el exdirector ejecutivo de planificación financiera de PDVSA, permitió que miembros de la organización ilícita transfirieran ganancias a través de préstamos falsos, aprovechando la amplia brecha entre la tasa de cambio oficial de Venezuela y la tasa del mercado negro.
Se tiene programado que Ortega sea condenado la semana próxima. Algunas de las ganancias de los sobornos fueron transferidas a cuentas en la Colombia natal de Hernández por la firma Global Security Advisors, que Hernández manejó con su hermano y un excuñado. La empresa entró en liquidación tras el arresto de Hernández. Alrededor de 2 millones de dólares de los sobornos pagados a Ortega se invirtieron en una importadora de vino italiano con sede en Manhattan, donde Hernández también era un inversor llamado Domaine Select Wines & Spirits.
