Hoy 
FERNANDO I. FERRAN
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya es realidad. El tiempo dirá si para bien o para mal. Mas por ahora, a un simple espectador sólo le resta leer el texto y constatar que el mismo soporta cuatro lecturas principales. La primera lectura es eminentemente económica en su raíz, aunque no en su consecuencia.
En términos populares, el FMI permitirá al país sacar las castañas del fuego, es decir, representará un alivio económico, entre desembolsos y renegociaciones de deuda por un monto de 2,704 millones de dólares entre 2005 y 2006.
En lo que se celebra ese alivio relativo, y por lo menos ingresan 670 millones de dólares, el país obtendrá un beneficio adicional de incalculable valor; a saber, credibilidad. El programa fondo monetarista convertirá, no al pueblo sino al Estado dominicano, en una entidad creíble, léase bien, buena paga.
Si esa primera lectura es la gubernamental, la segunda se origina en el sector empresarial y analiza los resultados que se seguirán de la disciplina que impone el FMI al gasto público y al manejo de la cosa pública. De acuerdo a voces del empresariado dominicano, las medidas restrictivas que se aplicarán en el país darán resultados positivos a mediano y largo plazos. El sacrificio impositivo e incluso cierta normativa crediticia de indiscutible naturaleza excesiva son soportables en aras del saneamiento de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica del país. La estabilidad de los precios y el crecimiento económico compensarán con creces los dolorosos ajustes que hay que hacer en el corto plazo.
La tercera lectura interpreta el acuerdo a la luz de la justicia social. Ella reconoce que si bien hay que poner la casa en orden, de ahí la justificación de los ajustes, no basta con pedirle indiscriminadamente a la población que pague la cuenta del manejo irresponsable de las finanzas públicas y de los fraudes acontecidos en los bancos quebrados. Por eso mismo, ante ese 33% de la población dominicana que se encuentra en condiciones de pobreza extrema, según consta en el Informe Nacional de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la palabra clave de los sectores eclesial y de organizaciones de servicio es solidaridad, y no tanto economía o clima de negocios.
La cuarta lectura es en cierto sentido de rigor. No aparece en la literalidad del acuerdo, pero se deriva de éste, lo contextualiza y lo condiciona. Dispuestos a respaldar al país por medio del desembolso de recursos frescos, los organismos internacionales realizan una lectura basada en el cumplimiento y en la supervisión. La indiscutible relevancia de esta lectura reside en que enfrenta décadas enteras de corrupción y de clientelismo político, de doble contabilidad y evasión fiscal, de impunidad e inmunidad, de engaños, falsas promesas y tantos otros desmanes públicos y privados. Queda por verse, sin embargo, qué sucederá en la práctica durante los 28 meses de vigencia nominal del acuerdo.
Llegados a este punto confieso que, al concluir las cuatro lecturas anteriores, no se da cuenta de cierta versión apócrifa que se nutre de toda una cultura nacional de permisividad y de exclusiones. Debido a esa cultura, la brecha social se incrementa en el país y no queda otra alternativa viable que no sea recurrir al FMI. Pero por esto mismo, para cumplir con lo acordado, se requiere menos pasividad e indiferencia de parte de la población.
Dominicanas y dominicanos tenemos que, ordenada e institucionalmente, exigir de manera militante justicia y rendimiento de cuentas a todo aquel que quebrante las leyes, que viole los acuerdos, que burle la confianza pública, que empeñe la sostenibilidad de República Dominicana. Mientras la ciudadanía no tome democráticamente cartas en el asunto desde las tribunas de la sociedad y en contra de desmanes tales como los que condujeron irremediablemente a las condicionalidades del FMI en 1959, 1982, 1992 y ahora nuevamente en 2005, es previsible que el acuerdo con esa institución crediticia terminará siendo tan infecundo como la anunciada supervisión internacional, la solicitada solidaridad entre los dominicanos, la pretendida estabilidad macroeconómica y los millones de dólares que están por entrar en los bolsillos del Gobierno nacional.
