La Habana, Cuba.- Autoridades sanitarias cubanas aseguraron este jueves que no hay brotes ni casos de COVID-19 en las prisiones de la isla, en un momento en el que grupos defensores de los derechos humanos piden la excarcelación y el cese de la persecución a opositores ante el riesgo de contraer el virus.

“No hemos tenido ni brotes ni casos confirmados de COVID-19 en ninguna de las prisiones del país”, informó hoy el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap), Francisco Durán.

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En el parte televisivo diario sobre la marcha de la enfermedad, el doctor Durán explicó las medidas que se han tomado en las cárceles de la isla para evitar el contagio, entre ellas la desinfección en los puntos de entrada a los establecimientos y el uso obligatorio de mascarillas.

También se ha reducido el número de visitantes, se realizan “pesquisas activas” dos veces al día para detectar síntomas y se ha impuesto el aislamiento por 14 días desde el momento de la entrada a los nuevos reos.

El director de Epidemiología indicó que se ha suministrado de forma masiva la nueva fórmula homeopática (PrevengHo-vir) que la isla utiliza como alternativa para supuestamente elevar las defensas de las poblaciones de riesgo.

“Se han creado áreas de aislamiento para los que presenten síntomas”, agregó el portavoz del Ministerio de Salud cubano, que no precisó si el Gobierno prevé liberar reclusos ante el riesgo del COVID-19, como se decidió en Perú y México.

Cuba no divulga datos ni estadísticas sobre su población reclusa, ni se conocen las cifras de nuevos encarcelamientos desde que comenzó esta crisis sanitaria.

Las condiciones en las cárceles de los países latinoamericanos, donde predomina el hacinamiento, hacen que sea difícil controlar la expansión de la enfermedad, en extremo contagiosa.

CITACIONES DURANTE LA PANDEMIA

De momento Cuba -en fase pre epidémica con transmisión autóctona limitada- acumula 1.235 casos de COVID-19, entre los que se incluyen 43 fallecidos, 811 pacientes con evolución satisfactoria y 365 recuperados.

El Gobierno cubano mantiene fuertes medidas preventivas que incluyen la suspensión del transporte público en todo el país, el cierre de fronteras, la clausura de sus grandes centros comerciales y de la mayoría de sus servicios.

Aunque no se ha decretado el confinamiento general obligatorio, se recomienda salir solo a la necesario y observar prácticas de distanciamiento social, puesto que la mayoría de los nuevos casos confirmados son asintomáticos.

Pero pese a esa recomendación oficial de permanecer en casa, recientemente varios periodistas independientes y activistas cubanos han denunciado un aumento de la presión de las autoridades mediante citaciones para entrevistas en dependencias policiales.

A algunos se les impusieron multas por supuestamente haber vulnerado, mediante publicaciones en las redes sociales, el Decreto-Ley 370, que entre otras cuestiones regula el uso de las tecnologías de información y comunicación en el país, pero no el ejercicio del periodismo en sí.

Una campaña online, que hasta ahora suma casi 2.000 firmas contra el Decreto 370 en la plataforma Avaaz, exige también procesar “a los que pusieron en riesgo de contagio a los sancionados».

Pide además la liberación del periodista independiente Roberto Jesús Quiñones, quien desde septiembre cumple una condena de un año por “resistencia y desobediencia».

Organizaciones como la coalición internacional de medios “One Free Press Coalition” y Amnistía Internacional han exigido repetidamente la excarcelación de Quiñones.

El 26 de marzo pasado varios ex jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica urgieron al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a exhortar a los Gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua a que liberen a los “presos políticos” ante el riesgo de la COVID-19.