LA HABANA. Las marchas callejeras convocadas para el lunes en Cuba no llegaron a cristalizarse después que los organizadores denunciaran que simpatizantes del gobierno les impidieron salir de sus casas y recibieran citaciones de la policía desde días antes.

Tampoco se vieron las acciones opositoras que los propios activistas habían sugerido a la población a manera de protesta si no deseaban salir de sus hogares, como la colocación de sábanas blancas en balcones o ventanas y aplausos a la tres de la tarde, la hora prevista para la manifestación.

En La Habana, el cruce de las céntricas calles de Prado y Malecón —el punto acordado de concentración— lució vacío y con un moderado control policial, constató The Associated Press. El gobierno cubano había denegado el permiso para esa marcha que generó expectativas afuera de la isla y fue señalada por las autoridades de estar impulsada y financiada por Estados Unidos.

La convocatoria a las acciones de protestas coincidió con la jornada en que las autoridades dispusieron la reapertura de la isla al turismo internacional y un cambio en el protocolo sanitario contra la COVID-19, que permitirá mayores vuelos comerciales, así como retomar las clases presenciales.

La marcha fue convocada en demanda de la liberación de presos -sobre todo aquellos que fueron detenidos en julio en otras protestas-, una ampliación de los derechos humanos y un diálogo nacional.

La fiscalía advirtió hace algunas semanas que serían encarcelados quienes participaran en la manifestación.

Las protestas realizadas el 11 y 12 de julio fueron las primeras en contra del gobierno en casi tres décadas y a diferencia de las anunciadas para el lunes no tenían un liderazgo claro ni se solicitó permisos para ello. La noticia se difundió principalmente por redes sociales y una persona falleció en medio de actos vandálicos, al tiempo que cientos fueron arrestados.

“Manifestarnos es un derecho cívico. Bajo las circunstancias en las que estemos y con las herramientas que tengamos cada cual tiene ese derecho”, dijo por vía telefónica el cineasta y director de fotografía Raúl Prado a la AP.

Prado indicó que muchas personas “están sufriendo también las consecuencias” de haber expresado públicamente su disposición a manifestarse pues, dijo, las autoridades les cortaron internet, se apostaron policías de uniforme o en civil en sus domicilios o sufrieron “actos de repudio” de vecinos o activistas que cantaban consignas revolucionarias o gritaban contra quienes consideran contrarios a sus ideas.

La manifestación fue convocada por el dramaturgo Yunior García y su grupo Archipiélago -un foro de debate en internet que ya alcanzó los 35.000 miembros-. En septiembre los organizadores presentaron un pedido de permiso para realizar la marcha –primero en La Habana y luego se sumaron casi una decena de ciudades– que fue rechazado por las autoridades por considerarla ilegal y anticonstitucional pues a su entender va en contra del precepto de que el socialismo es irrevocable.

La víspera García intentó hacer una caminata en solitario como protesta por la denegación del permiso para la protesta del lunes pero le fue impedida por grupos progubernamentales de personas que bloquearon la puerta en su edificio y su calle. Estos desde la azotea le colocaron banderas cubanas tapando las ventanas de su apartamento.

En un recorrido la AP constató que el lunes la zona se encontraba tranquila -sin manifestaciones de simpatizantes gubernamentales- pero había una guardia frente a la vivienda. Sus teléfonos y otros de los coordinadores de Archipiélago permanecían interrumpidos.

Las plazas y parques, donde se realizarían las manifestaciones, fueron tomados por grupos de simpatizantes del gobierno para actividades culturales con las que dieron la bienvenida a la reapertura de aeropuertos del país al flexibilizarse las medidas restrictivas por el COVID-19. Además, para conmemorar los 502 años de la fundación de La Habana.

En las redes sociales muchos jóvenes sí publicaron fotos vestidos de blanco —los organizadores de la marcha y las acciones habían llamado a vestirse de ese color— o mostraron su descontento.

La emprendedora Saily González, quien reside en Villa Clara y es moderadora de Archipiélago, subió una transmisión en vivo a través de internet cuando colocó paños blancos en su portal mientras simpatizantes del gobierno vestidas de rojo cantaban consignas revolucionarias y la insultaban.

Archipiélago reportó en su página de Facebook el arresto de un miembro llamado Abdiel Pérez en Camagüey e informó que no podían contactar con su moderador en Las Tunas, Adrián Nápoles Capote. También la detención del a historiadora del arte Carolina Barrero y Julio Ledón.

Las autoridades acusaron a García y a Archipiélago de estar financiados y formar parte de un plan de Estados Unidos y grupos de interés de la Florida para destruir a la revolución en el marco de una creciente hostilidad desde Washington para presionar un cambio de modelo político y que ocasionó parte de la actual crisis económica que sufre la isla.

“Se quedaron vestidos para aquella fiesta. la fiesta nuestra, la fiesta de Cuba esta siendo una maravilla”, dijo el canciller Bruno Rodríguez en una transmisión en internet luego de que no se realizaran las marchas u otras acciones y a la que calificó de “operación fallida” y “completo fracaso”.

Como parte de la reapertura, por la mañana, el presidente Miguel Díaz-Canel inauguró el reinicio del curso escolar en todo el país con lo cual unos 700.000 niños de primaria retomaron sus clases. Las semanas pasadas un número similar de alumnos de los otros niveles educativos habían regresado ya a las aulas.

Cuba logró un control relativo de la pandemia de COVID-19 tras un rebrote ocasionado por la llegada de la variante Delta al país a comienzos de año gracias a la vacunación masiva. Las autoridades informaron que más de ocho millones de personas -incluidos niños a partir de los dos años- ya fueron inmunizados con un esquema completo de tres dosis de los antígenos de producción nacional.

Se espera que los aeropuertos comiencen a recibir turistas internacionales, un sector vital para la economía del país que atraviesa una profunda crisis económica y ha estado casi paralizada con visibles efectos en el abastecimiento y la inflación, sobre todo en alimentos, combustible y energía eléctrica.