Cuba y Rusia se mostraron ayer unidas frente a las “medidas coercitivas unilaterales” de Estados Unidos contra los dos países, en especial el embargo contra la isla y los intentos de Washington de reactivar la Doctrina Monroe en Venezuela.
“Compartimos con los amigos cubanos el convencimiento de que es inaceptable la presión sancionadora ilegítima y confirmamos nuestro rechazo categórico al bloqueo económico, comercial y financiero de Cuba por parte de Estados Unidos”, declaró el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, tras reunirse con su homólogo cubano, Eduardo Rodríguez.
Éste a su vez denunció “el papel agresivo de la OTAN y el acercamiento a la frontera de la Federación Rusa” de la Alianza Atlántica, así como “las medidas coercitivas unilaterales que injustamente se aplican” a este país.
Los jefes de la diplomacia rusa y cubana, que firmaron ayer un plan de consultas políticas ministeriales para el periodo 2020-2022 y abordaron la profundización de los lazos en las esferas económica, de inversión y cultural y humanitaria, escenificaron así la unión de dos “aliados estratégicos” frente a EEUU.
El canciller cubano indicó que la reciente activación del Título III de la Ley Helms-Burton por parte del Gobierno del presidente Donald Trump “es un paso más en la agresiva aplicación excesiva de leyes norteamericanas contra terceros países y una gruesa violación de la soberanía de todos los Estados y del derecho internacional».
La ley permite a los estadounidenses -incluidos los cubanos nacionalizados- demandar en tribunales de EU a compañías que se beneficien de terrenos o inmuebles que les fueron expropiados en la isla tras la Revolución de 1959.
“Estamos preparados para enfrentar las consecuencias económicas que se deriven de ellas, sabiendo que siempre tendrán costos económicos y también humanitarios, pero que no conseguirán nunca doblegar la voluntad de nuestro pueblo”, afirmó Rodríguez.
Aseguró además que la medida será “inaplicable”, dado que Cuba se dotó en 1996 de la denominada Ley 80 que declara ilícita la Ley Helms-Burton y que, por tanto, “defenderá los intereses de la economía, sus empresas, sus ciudadanos y también de sus contrapartes de comercio e inversión de terceros países».