MADRID. AP.  Los 11 disidentes cubanos llegados la semana pasada a Madrid dijeron sentirse «engañados» por el gobierno español, al cual acusaron ayer de no cumplir sus compromisos.

Julio César Gálvez, uno de los ex presos liberados en virtud del acuerdo entre el gobierno y la Iglesia Católica cubana, manifestó que han dejado de recibir asesoramiento legal de las autoridades y que siguen sin tener claro su futuro.

«Habíamos firmado delante de un funcionario de la embajada española en La Habana unos compromisos», dijo Gálvez en una rueda de prensa en el hotel de Madrid donde están alojados los disidentes junto a sus familias, unas 70 personas en total. «El asesoramiento legal es lo primero que hemos dejado de recibir». El gobierno español declinó responder el lunes a las quejas de los ex prisioneros cubanos y se remitió a las declaraciones del canciller Miguel Angel Moratinos, quien pidió comprensión al grupo liberado.

«No pido gratitud pero un poco de comprensión por parte de todos aquellos que han recibido el compromiso de este gobierno y toda la sociedad española de ayudarles en esta nueva etapa», dijo Moratinos el pasado fin de semana.

Tres organizaciones sociales se encargan de la manutención, el alojamiento y la búsqueda de empleo del grupo hasta que se resuelva su situación legal en España. En principio, el gobierno español dijo que se les concederían permisos de trabajo y residencia, pero no el estatus de refugiados políticos, una condición que algunos disidentes tenían previsto reclamar.

A la espera de que se resuelvan los trámites legales, viven en un hotel del extrarradio de la capital española, en el corazón de un barrio obrero sin comercios ni tiendas alrededor.

A algunos de los disidentes se les ha ofrecido la posibilidad de desplazarse a otra ciudad española, pero la mayoría prefiere permanecer en Madrid. Otros han expresado su deseo de salir a Estados Unidos, donde tienen familiares residiendo en Miami. Por otro lado, Gálvez leyó una declaración conjunta de los 11 liberados en la que expresan su rechazo a la modificación de la llamada Posición Común de la UE, que defiende España.